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“Generales ladrones fueron premiados”

Exdirector de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, señala que en la época del COVID estuvieron comprometidos en compras de insumos sobrevalorados, pero los invitaron a retiro con todos sus beneficios

  • Según Pérez Rocha, desde el año 2001, cuando Alejandro Toledo asumió la presidencia de la República, los caviares se apoderaron del Ministerio del Interior a través de Gino Costa, Carlos Basombrío y Rubén Vargas, quienes hicieron cambios perjudiciales para la disciplina en la PNP.

POR: MANUEL BALDOCEDA

En entrevista con La Noticia al Día en La Noticia TV (canal 27.2 en Best Cable y 203 en Cable Go), el exdirector de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, exigió que la investigación para expulsar a los malos elementos de la Policía retorne a la Inspectoría, pues actualmente está a cargo del Tribunal Administrativo Disciplinario y de la Oficina de Asuntos Internos, conformados por civiles que dependen del Ministerio del Interior.

Existe mucha preocupación porque hay un alto porcentaje de policías implicados en hechos delictivos. ¿Cómo podría darse este proceso para poder identificarlos y separarlos de la institución?

Lamentablemente, desde el año 2001, cuando Toledo asumió la presidencia de la República, los caviares se apoderaron del Ministerio del Interior a través de Gino Costa, Basombrío y Rubén Vargas. La disciplina, que era lo más importante en la PNP, sufrió modificaciones legales increíbles. Primero, eliminaron el tratamiento del subalterno al superior. Segundo, el correaje internacional, que tiene un tiro y un cinto para el lado derecho: antes era derecho para oficiales e izquierdo para subalternos, pero con estos cambios todos llevan el tiro al lado izquierdo. Tercero, eliminaron el Estado Mayor en la organización de la PNP y crearon el subdirector general. Eso se rectificó porque, para trabajos de orden público, orden interno y seguridad nacional, debe existir Estado Mayor. Lo peor fue que en 2016 crearon la Ley del Régimen Disciplinario. En la PNP y las FF.AA. los encargados de investigar y separar a los malos elementos era la Inspectoría, que ha quedado relegada al tercer lugar. Ahora la última instancia es el Tribunal Administrativo Disciplinario, compuesto por civiles dependientes del Ministerio del Interior. En segundo nivel está la Oficina de Asuntos Internos, también integrada por civiles, y la Inspectoría quedó en tercer nivel.

¿Existen cifras de cuántos policías están implicados en acciones delictivas?

Hasta el primer semestre del año pasado, existían cerca de 1,000 policías con detención preliminar en los penales del país. Para que se investigue, se denuncie y se sancione a los malos policías pueden pasar entre 8 y 10 años. Por eso tenemos muchos policías uniformados delincuentes, y la responsabilidad es del Comando de la PNP, que debería presentar un proyecto de decreto legislativo para cambiar la Ley del Régimen Disciplinario y devolver la competencia a la Inspectoría, que en corto plazo pueda investigar y expulsar a los malos elementos. Un policía que comete actos delictivos y, por orden judicial, es internado en un penal, automáticamente debe pasar a disponibilidad o retiro.

¿Cuál es el peligro o cuáles son las falencias al darle al personal civil la responsabilidad de investigar y expulsar a los malos policías?

La función principal de la Inspectoría es inteligencia, contrainteligencia y, sobre todo, investigar los actos ilícitos que comete el personal policial. En el caso del covid-19 hubo generales comprometidos en compras de insumos sobrevalorados y sin licitación, pero como no lo investigó la Inspectoría, sino la Oficina de Asuntos Sociales, no pasó nada y los invitaron al retiro. Estos generales ladrones fueron premiados con pase a retiro por renovación, con todos sus beneficios.

¿Qué tan importante es para los policías contar con una Inspectoría fortalecida?

El fiscal Chávez Cotrina indicó que el problema no es que los fiscales liberen a los delincuentes, sino que los elementos probatorios llegaban después de un año y medio porque la Dirección de Criminalística recibe todos los indicios, y si no son probatorios, no sirven. Solo hay una Dirección de Criminalística, y si ocurre un caso en provincias, todas las evidencias deben pasar a Lima. Con la escasa tecnología, no se avanza mucho. Chávez Cotrina señala que la mayoría de hechos delictivos reportados por la policía son delitos comunes, no graves. Por eso han aumentado el sicariato y las extorsiones, y no se está haciendo nada. Con este comando de la PNP se ha dividido la institución: ya no hay seis especialidades, ahora solo dos, seguridad (patrullaje) e investigación criminal. La ONU indica que el 75% de los policías deben estar en prevención y el 10% en investigación criminal. La prevención no se está dando. No hay reuniones con juntas vecinales, que son la mejor fuente de inteligencia ciudadana. El plan Mariano Santos estaba valorizado en 25 mil millones de soles, pero no se compraron chalecos antibalas ni armamento. La tecnología en las comisarías está en condición deplorable. Para mí, lo que pasa es que no tenemos política de gobierno. El comando de la ¨Policía no está resolviendo la delincuencia ni evitando que sigan en la institución policías que han cometido delitos graves.

La criminalidad avanza y capta a elementos preparados para proteger a la ciudadanía.

Eso se resuelve expulsando. Existe el pase a retiro a disponibilidad mientras duren las investigaciones y el pase a retiro definitivo, es decir, expulsar a los malos elementos. Antes la corrupción estaba en Tránsito. Se puso a policías femeninas en ese servicio y se resolvió el problema. Hoy la corrupción está en la investigación criminal, donde policías reciben dinero para favorecer a delincuentes.

EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE QUE INVESTIGAR EL CASO BARRAS DE ORO

Hace unos días se conoció la noticia de un capitán de la Policía que tenía en sus cuentas alrededor de 31 millones de soles.

Según sus declaraciones, desde hace seis años tiene una empresa dedicada a la compra y venta de vehículos, y desde 2020 ha comprado y vendido un promedio de 600 unidades. Corresponde al Ministerio Público investigar y determinar si la empresa, a nombre de su esposa, realiza operaciones regulares. Se evalúa como hipótesis el cambio de barras de oro valorizadas en 2.5 millones de soles, entregadas al banco, donde supuestamente ocurrió el “cambiazo”.

 

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