Policía extrema vigilancia para evitar fuga de Piero Corvetto
Se activa plan de seguridad en puertos, aeropuertos, terrapuertos y en las fronteras
La Policía Nacional del Perú activó un plan de vigilancia reforzada en puntos estratégicos del país ante un posible intento de salida del territorio nacional por parte del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y otros funcionarios investigados por las irregularidades registradas durante las elecciones generales del último domingo 12 de abril.
Según informó RPP, a través de un documento, suscrito el sábado por el director nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), teniente general PNP Manuel Lozada, se dispuso extremar las medidas de seguridad, reforzando con personal policial y recursos suficientes en los puertos, aeropuertos, terrapuertos, puestos de vigilancia y zonas de frontera de su jurisdicción.
Esta medida fue adoptada tras tomar conocimiento que la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR – PNP) solicitaría al Ministerio Público que requiera al Poder Judicial que ordene siete días de detención preliminar contra el titular de la ONPE y los demás implicados, así como que se autorice allanamientos de inmuebles e incautación de bienes de estas personas con el fin de evitar una manipulación de pruebas y asegurar dispositivos digitales, oficinas y vehículos.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Quinto Despacho inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de colusión en agravio del Estado a raíz de este caso. En tanto, Corvetto, comunicó su decisión de someterse plenamente a las investigaciones fiscales en curso, marcando distancia frente a las versiones que apuntaban a una eventual evasión de la justicia.
Mediante un documento remitido al Ministerio Público, el funcionario expresó su disposición para colaborar con todas las diligencias que se dispongan, incluyendo la entrega de su pasaporte y la autorización para el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.
