Fiscal de la Nación investiga a altos mandos policiales vinculados con bandas criminales

El Ministerio Público admitió la denuncia que presenté para investigar a altos mandos policiales presuntamente vinculados con bandas criminales, así como a fiscales que archivan casos en favor de delincuentes.

Denunciamos la manifiesta omisión y silencio frente a las denuncias públicas realizadas cuando José Santivañez era ministro del Interior y, hace más de tres meses, por Josué Gutiérrez, actual defensor del Pueblo, respecto a que altos mandos policiales estarían involucrados con bandas criminales. En el proceso de investigación preparatoria seguido contra Erick Luís Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, se reveló a los integrantes de su organización criminal que tenían infiltrado un policía en actividad en la Dirincri.

Este hecho ha sido reconocido por un alto mando policial y por un agente en actividad. Además, fiscales provinciales y superiores, jueces de investigación preparatoria y jueces superiores conocen estos hechos, pero nadie los denuncia.

También se debe señalar a algunos fiscales provinciales y superiores que archivan denuncias favoreciendo a delincuentes, pese a las evidencias e indicios razonables de delitos como falsificación de firmas, estafas, entre otros. Inaudito, pero cierto: continúan las ofertas de parte de funcionarios del Ejecutivo. Ahora provienen del ministro de Justicia, bajo el ofrecimiento de descongestionar las cárceles del país. Como es de conocimiento público, estas se encuentran sobrepobladas y el hacinamiento es inmanejable.

La entonces presidenta Dina Boluarte, y su ministro de Justicia no tuvieron mejor idea que promulgar un decreto legislativo disponiendo que los condenados a una pena máxima de 10 años salgan en libertad. Es decir, no hacen nada para combatir la inseguridad ciudadana que aqueja a todos los peruanos y, con estas medidas, ordenan que delincuentes condenados regresen a las calles. Ahora, incluso quienes han sido condenados a penas de hasta 5 años pueden salir de prisión, como los sentenciados por hurtos de celulares. Lo más grave es que, si ya está vigente el decreto legislativo antes mencionado, ¿para qué y por qué se pretende disponer esta nueva medida? Analicen jurídicamente sus propuestas.

Ningún candidato presidencial, senador, diputado o ministro de Justicia propone proyectos para terminar de construir los cuatro centros penitenciarios inconclusos, ni la construcción de nuevas cárceles bajo la modalidad de canje por impuestos, ejecutadas por empresarios privados y sin intervención de funcionarios públicos, para evitar corrupción.

Deben proponer la creación de un cuerpo especial de élite policial, integrado por exmiembros de inteligencia de las Fuerzas Armadas y policiales que fueron enviados al retiro por gobiernos anteriores para nombrar personal de su entorno, dejando de lado la meritocracia. Asimismo, el Congreso de la República y el Ejecutivo deberían reducir su personal de asesores y de confianza, nombrados únicamente para acceder a favores políticos sin beneficio alguno para el país, y eliminar los “bonos” que reciben.

(*) Exdecano del CAL