Candidatos afines al Movadef y el socialismo siglo XXI: la fallida justicia electoral

Perú se encuentra nuevamente ante un riesgo silencioso (“revolución silente” – Fidel Castro), pero profundo en el camino hacia las elecciones de 2026. Al menos 26 precandidatos al Congreso aparecen registrados en el padrón de firmas que el Movadef presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 2011 para intentar inscribirse como partido político. Estos nombres se distribuyen en listas de siete organizaciones, con mayor presencia en Perú Libre (9 casos), Alianza para el Progreso y otros.

El Movadef (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales) no es una organización cualquiera. Según el trabajo de inteligencia de la Dircote (Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional), se trata del organismo generado o brazo político del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, creado por directiva expresa del genocida Abimael Guzmán con el objetivo de infiltrarse en la legalidad, participar en elecciones, ocupar cargos públicos y avanzar hacia la liberación de la cúpula terrorista. Mi análisis, basado en años de seguimiento de estos grupos, confirma que el Movadef opera bajo la misma ideología del “pensamiento Gonzalo” y busca normalizar el discurso senderista bajo banderas de “amnistía” y “derechos humanos”.

A esto se suma la Fenate (Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú), surgida del ala radical del magisterio, con vínculos operativos documentados por la Dircote con dirigentes del Movadef y el mismo “pensamiento Gonzalo”. Durante la huelga magisterial de 2017 y el gobierno de Pedro Castillo, estos nexos quedaron en evidencia.

Una fallida ley electoral y una mala administración de la justicia electoral —a cargo del JNE y la ONPE— permiten que personas vinculadas a organizaciones disueltas por terrorismo avancen en las internas partidarias. Aunque existen impedimentos legales para sentenciados por terrorismo, los filtros resultan insuficientes o tardíos frente a afiliaciones pasadas, firmas en padrones o simpatías ideológicas. Algunos precandidatos niegan las firmas, pero el padrón existe y fue presentado ante el propio JNE.

Y aquí radica la mayor responsabilidad: el Congreso ha hecho poco o nada por solucionar esto. A lo largo de los años, los legisladores han fallado en impulsar reformas profundas que cierren de manera definitiva las puertas a apologistas o vinculados al terrorismo en la política. Persisten vacíos legales que la fallida normativa electoral no ha resuelto, mientras se priorizan otros intereses por encima de la seguridad democrática.

Debemos entender que el socialismo del siglo XXI no surgió como un modelo espontáneo de desarrollo, sino como una estrategia diseñada para penetrar los países de la región e instaurar, bajo retórica “antiimperialista” y “participativa”. Cuando estos grupos afines al SSXXI ganan terreno, los resultados son predecibles:

En Venezuela, el país pasó de ser una de las economías más ricas de América Latina a la ruina.

En Bolivia, el “modelo comunitario” ha traído inestabilidad recurrente, conflictos con el sector productivo y retrocesos en desarrollo.

Perú ya sufrió en carne propia el horror del terrorismo en las décadas de 1980 y 1990: más de 70 mil muertos y una economía devastada. No podemos permitir que, por omisión institucional y debilidad legislativa, se abra una ventana a ideas que justifican o minimizan ese pasado.

Es urgente exigir al JNE mayor rigor en la revisión de antecedentes y al Congreso reformas legales contundentes que impidan la postulación de personas con nexos demostrados al terrorismo o sus fachadas. La ciudadanía debe ejercer memoria histórica y un voto responsable.

(*) Exdirector de la Dircote y de la DINI.