En el Perú, pagar por el uso de música, películas o contenido audiovisual no está en discusión. Es correcto y necesario que quienes crean reciban una compensación por su trabajo. El problema no es pagar, el problema es cómo se paga.
Lo que debería ser un sistema simple para reconocer derechos se ha convertido en una estructura compleja, poco transparente y, en muchos casos, difícil de justificar desde el sentido económico más básico. Las sociedades de gestión colectiva nacieron para resolver un problema real: permitir que miles de usuarios puedan acceder a contenido protegido sin tener que negociar individualmente con cada autor.
Las tarifas que hoy se aplican fueron registradas ante INDECOPI, pero no pasaron por un análisis suficientemente riguroso sobre su impacto económico. No se evaluó con profundidad si eran proporcionales, si reflejaban el uso real del contenido o si podían generar distorsiones en el mercado. El resultado es un sistema que, en lugar de simplificar, ha terminado multiplicando los costos.
El problema técnico de fondo es sencillo de entender. Un solo acto, como usar contenido, termina fragmentado en múltiples cobros. Se paga por el autor, por el compositor, por el productor y por otros titulares de derechos, todos por separado. Sin embargo, el usuario no consume partes aisladas, consume una obra completa. Cuando ese uso único se divide artificialmente en varios pagos, la suma final pierde relación con la realidad económica del negocio. No se trata de negar la legitimidad de cada derecho, sino de cuestionar la forma en que se acumulan sin una lógica clara de conjunto.
Hay situaciones donde esta distorsión se vuelve aún más evidente. Una empresa de televisión por cable, por ejemplo, paga montos elevados por acceder a contenido internacional. Ese pago ya incorpora derechos sobre películas, series y música. A pesar de ello, en el Perú debe volver a pagar a sociedades de gestión colectiva por esos mismos contenidos. Desde una lógica económica básica, no hay un nuevo valor ni un nuevo derecho que justifique un cobro adicional. Lo que ocurre, en términos simples, es que se paga dos veces por lo mismo.
Este problema afecta a todo el sistema, pero golpea con más fuerza a los pequeños negocios. A esto se suma un elemento clave: la falta de transparencia. No existe suficiente claridad sobre cómo se distribuye el dinero recaudado y si realmente se mide qué obras se utilizan más.
En este contexto, el rol de INDECOPI resulta central. Un regulador no debería limitarse a registrar tarifas, sino que debería evaluar su razonabilidad, su impacto en el mercado y su coherencia económica. Cuando ese análisis no ocurre, el sistema deja de corregirse y empieza a consolidar sus propias distorsiones. La solución no pasa por eliminar el pago de derechos, sino por ordenarlo.
Es perfectamente posible diseñar un esquema más simple, donde todos los cobros se integren en una sola estructura. Una ventanilla única permitiría establecer un pago claro, basado en un porcentaje razonable y ajustado al tamaño o a los ingresos del negocio. De ese modo, se eliminan duplicidades, se gana previsibilidad y se mantiene el objetivo esencial de proteger a los creadores.
El principio es simple. Pagar derechos es justo. Pero pagar varias veces por lo mismo, sin claridad y sin proporción, deja de serlo. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es solo legal. Es un problema económico y, sobre todo, un problema de justicia.
(*) Abogado y candidato a Diputado con el N° 4 por País para Todos
