López Aliaga: “Hay corrupción cuando hay intereses de usura»

La primera jornada del debate de candidatos presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue la oportunidad para que los aspirantes al sillón de Pizarro expongan sus propuestas y uno de los que aprovechó este evento fue el postulante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien señaló que “los pobres son primero” y que en un eventual gobierno del partido celeste se pondrá fin a la usura bancaria.

En tal sentido, dijo que la corrupción que existe en el país se evidencia en el sistema bancario. “Hay corrupción cuando el Perú tiene tasas de intereses de usura en los bancos, el capital de trabajo para la microempresa es carísimo, vamos a abrir la oferta, queremos competencia y que el Banco de la Nación intervenga”, apuntó, en alusión a su propuesta de la creación del Banco Mipyme, que ofrecerá créditos a los micro, pequeños y medianos empresarios. 

Además, indicó que producto de la corrupción el sistema de salud está en una situación crítica. Planteó el retorno de los jueces sin rostro para una lucha efectiva contra la delincuencia, apoyar el Servicio Militar Voluntario e impulsar el programa Beca 18 para respaldar a los jóvenes talentosos y evitar que se vayan del Perú. Asimismo, López Aliaga propuso reducir el número de ministerios de 18 a seis, además de la PCM, con la finalidad de generar un ahorro de hasta S/ 80,000 millones al año, dinero que se pueda direccionar a enfrentar la seguridad ciudadana. “Se invertirá en la inteligencia policial que derrotó a Sendero Luminoso y el MRTA y ahora lo hará con el terrorismo urbano”, apuntó. 

Asimismo, indicó que se construirán cárceles en zonas aisladas como en la selva y se expulsará a los delincuentes extranjeros y los ilegales. Cuestionó con severidad a los bancos y señaló que en un eventual gobierno de Renovación Popular abrirá el mercado y la competencia para traer 30 bancos del exterior que otorguen créditos con tasas de interés a largo plazo. Igualmente, apuntó al retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aplicar pena de muerte, tener jueces sin rostro y juzgados militares de forma provisional.