Gobierno lanza Plan Nacional de Seguridad 2026-2028 para enfrentar la delincuencia
El Poder Ejecutivo oficializó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, una estrategia que busca fortalecer la respuesta del Estado frente al aumento de delitos en distintas regiones del país. La medida fue publicada mediante el Decreto Supremo N.° 001-2026-IN en el diario oficial Diario Oficial El Peruano y forma parte de las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Durante la presentación de la iniciativa, el presidente José María Balcázar destacó que el plan tiene un enfoque democrático y no contempla medidas que vulneren las libertades institucionales. El mandatario afirmó que se trata de una herramienta flexible que permitirá ajustar las acciones del Estado conforme evolucionen las modalidades delictivas.
Asimismo, el jefe de Estado fue enfático al señalar que el Gobierno no negociará con organizaciones criminales. Según indicó, ceder ante los delincuentes pondría en riesgo el sistema democrático y el orden institucional del país.
El plan también establece que su cumplimiento será obligatorio para los tres niveles de gobierno. En ese sentido, gobernadores regionales y alcaldes deberán ejecutar mecanismos de coordinación inmediata entre las distintas entidades públicas, con el objetivo de garantizar una respuesta articulada frente a la criminalidad.
La estrategia involucra además a instituciones clave del sistema de justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario, que tendrán responsabilidades específicas dentro de la implementación de la política de seguridad.
Por otro lado, el presidente anunció que se convocará a las facultades de Derecho de diversas universidades del país para trabajar en propuestas legislativas que fortalezcan el marco normativo contra delitos graves y eviten vacíos legales que favorezcan a delincuentes reincidentes.
De acuerdo con la norma, el Ministerio del Interior del Perú tendrá un plazo de diez días hábiles para organizar los sistemas de monitoreo y evaluación del plan a través de su Dirección General de Seguridad Ciudadana. Estas herramientas permitirán supervisar la ejecución de las medidas y evaluar sus resultados.
Finalmente, el Ejecutivo precisó que la implementación de este plan no generará gastos adicionales para el Estado, ya que se financiará con los recursos ya asignados a cada institución dentro del presupuesto público vigente.
