La Ley 31751, conocida como “Ley Soto”, fue ratificada como constitucional por el Tribunal Constitucional (TC). Para su presidenta, Luz Pacheco, la norma no favorece al delito, sino que refuerza los derechos fundamentales al exigir que los procesos penales se desarrollen dentro de un plazo razonable y sin dilaciones excesivas.
La disposición modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal al establecer que la suspensión de la prescripción solo puede extenderse por un año cuando exista intervención formal del Ministerio Público. El TC rechazó la demanda que buscaba anularla y precisó que los jueces deben aplicarla obligatoriamente, sin interpretaciones que desconozcan lo resuelto por el máximo intérprete de la Constitución.
