Ministerio Público investiga a la minera Poderosa y sus dueños
Por presuntos delitos de organización criminal, sicariato, minería ilegal agravada y otros
La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental de La Libertad dispuso el inicio de un procedimiento preventivo contra Minera Poderosa S.A., tras una denuncia por la presunta comisión de los delitos de organización criminal; suministro ilegal de materiales explosivos; homicidio calificado y sicariato; lesiones graves y extorsión, y minería ilegal agravada.
Según el documento, la denuncia fue interpuesta contra la persona jurídica Compañía Minera Poderosa S.A. y sus directivos (Evangelina Arias de Sologuren, Marcelo Santillana Salas, José Elejalde Noya y Daniel Torres Espinoza). El caso está a cargo del fiscal Luis Ángel Hoyos Soto. La imputación —de acuerdo con la disposición fiscal— se funda en la existencia de indicios de una estructura criminal que, mediante el presunto desvío de explosivos industriales (con códigos de lote vinculados a la minería) y la utilización de grupos armados ilegales, habría cometido actos de extorsión y sicariato contra mineros artesanales y ataques con explosivos en la ciudad de Trujillo. Además, se les imputa delitos ambientales consistentes en el presunto vertimiento de relaves y metales pesados (arsénico y zinc) en el río Marañón.
La medida fue adoptada mediante una disposición fiscal correspondiente al caso N.° 2306015202- 2025-400-0 y es firmada por la fiscal provincial de La Libertad, Patricia Viviana Ponce Saavedra, con el objetivo de recopilar información y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
El Ministerio Público analiza una serie de hechos ocurridos durante 2025, entre ellos atentados con explosivos registrados en Pataz y en la ciudad de Trujillo. Asimismo, se evalúa la presunta pérdida de control o desvío de explosivos industriales utilizados en actividades mineras.
TAMBIÉN EVALÚAN POSIBLE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE
En la disposición fiscal también se menciona la necesidad de determinar si existen afectaciones al medio ambiente, riesgos a la seguridad pública o posibles vínculos con actividades de criminalidad organizada.
Como parte del procedimiento, la Fiscalía ha solicitado información a diversas fiscalías especializadas en crimen organizado y corrupción de funcionarios. También se ha requerido documentación a la SUCAMEC, el Ministerio de Energía y Minas, la Policía Nacional del Perú y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
El objetivo es verificar autorizaciones, controles, procesos de fiscalización y eventuales sanciones administrativas relacionadas con la adquisición, transporte y almacenamiento de explosivos industriales.
