Consejo Fiscal advierte que el próximo presidente asumirá con finanzas públicas deterioradas
La flexibilización del MEF y la aprobación de leyes sin sustento técnico por parte del Congreso habrían dejado un escenario fiscal crítico para el siguiente gobierno.
El próximo presidente del Perú heredará unas finanzas públicas gravemente deterioradas, advirtió el Consejo Fiscal, que alertó sobre el incumplimiento reiterado de las reglas de disciplina presupuestaria y el impacto de leyes aprobadas sin financiamiento ni sustento técnico.
La preocupación fue respaldada por el economista Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), quien señaló que uno de los principales riesgos para la economía en la segunda mitad del año es el manejo fiscal. Según una encuesta del IPE, dos de cada tres economistas dudan que el próximo gobierno pueda cumplir con los límites de déficit y gasto establecidos, sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.
“El siguiente gobierno va a encontrar que cumplir con la meta de déficit de 1.8% del PBI es tremendamente retador, si no imposible, dada la trayectoria del gasto”, afirmó Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal.
Segura sostuvo que el incumplimiento de las normas fiscales se repite por tercer año consecutivo y responsabilizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por permitir la promulgación de normas con alto impacto fiscal. De acuerdo con el Consejo Fiscal, durante la actual administración se aprobaron 26 leyes en menos de cuatro meses sin observaciones, pese a su efecto negativo sobre las cuentas públicas.
En ese contexto, la ministra de Economía, Denisse Miralles, anunció que el Ejecutivo evalúa demandar ante el Tribunal Constitucional (TC) una norma aprobada por el Congreso que vulneraría las disposiciones de disciplina presupuestaria al generar gasto sin financiamiento. No obstante, la titular del MEF se mostró abierta a evaluar una aplicación gradual de otras leyes similares, especialmente aquellas respaldadas por organizaciones sindicales.
Para el Consejo Fiscal, esta postura permisiva ha contribuido al deterioro fiscal, incluso cuando el Tribunal Constitucional ya había declarado inconstitucional el traslado de trabajadores del régimen CAS a la actividad privada, uno de los principales objetivos de varias de las normas aprobadas recientemente.
Segura advirtió que los compromisos asumidos por el actual gobierno hacen inviable cumplir futuras reglas fiscales. Solo en incrementos salariales, el Estado enfrenta obligaciones por cerca de S/7,800 millones, pese a que el propio MEF había previsto un espacio fiscal de apenas S/2,100 millones para ese fin.
“Ojalá sea cierto que llevarán alguna ley al TC. Pero es complicado, porque si el Ejecutivo no observó estas normas, el Tribunal podría asumir que hubo conformidad. Todo lo que están promulgando y dejando pasar traerá consecuencias”, concluyó.
