Desde hace tiempo converso con amigos, colegas y vecinos sobre una misma preocupación: ¿qué es lo que no funciona bien en nuestro país? No es solo la economía o la política, es la corrupción generalizada en nuestras instituciones públicas, la cual se ha convertido en el verdadero desafío que el próximo presidente del Perú deberá enfrentar entre 2026 y 2030.
Cada vez que reflexiono sobre el futuro del país, me pregunto por qué, a pesar de tantos esfuerzos, seguimos atrapados por este mal. Según la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética e Ipsos Perú, el 87 % de peruanos considera que este flagelo afecta directamente su vida cotidiana, perjudica la economía familiar, reduce oportunidades y debilita la confianza en las autoridades. Estas alarmantes cifras demuestran que la corrupción es una realidad que condiciona la vida diaria de millones de peruanos.
Esta falta de confianza se traduce en la percepción de que los organismos del sector público no responden a las necesidades de la población ni actúan con eficacia. Y se refleja también en la inseguridad ciudadana, porque muchas familias viven con temor a la delincuencia. No olvidemos que una democracia sin seguridad ni confianza difícilmente puede lograr el éxito.
Frente a este panorama, considero indispensable que el próximo presidente implemente acciones concretas y coordinadas para recuperar la confianza ciudadana. Esto implica fortalecer el sistema de justicia, respaldando investigaciones imparciales; promover una gestión transparente y eficiente; y reforzar la seguridad ciudadana con políticas que combinen prevención, educación y presencia efectiva del gobierno en todo el país.
Más que crear oficinas o dictar nuevas normas, el nuevo mandatario deberá cambiar la forma en que funciona la administración pública. Apostar por equipos técnicos estables, metas medibles y una vigilancia y fiscalización real del uso de los recursos. Hay que combatir la corrupción no solo desde el castigo, sino desde la prevención: digitalizar trámites, eliminar vacíos que hoy permiten abusos, favoritismos y malas prácticas; y proteger eficazmente a quienes la denuncian. La lucha debe sentirse en los servicios, en las obras que sí se terminan y en la atención que reciben todos los ciudadanos.
Soy consciente de que este no es un reto de resultados inmediatos, pero también estoy convencido de que sin este punto de partida, cualquier plan de gobierno estará condenado a fracasar.
Combatir la corrupción y recuperar la confianza de los peruanos en el sistema público es el verdadero desafío del próximo presidente, porque de ello dependen la estabilidad del país, el trabajo para nuestra gente y la posibilidad de vivir en un Perú más justo y equitativo para todos.
(*) Contador Público, abogado y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima.
