Fiscal defiende autonomía del proceso de extinción de dominio
Alonso Peña Cabrera Freyre plantea la derogatoria de la Ley N.° 32326
El Dr. Alonso R. Peña Cabrera Freyre, docente universitario, fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas de Extinción de Dominio, planteó la derogatoria de la Ley N.° 32326 porque —a su criterio— debilita el Sistema de Extinción de Dominio y su utilidad en el combate del crimen organizado.
Señaló que el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (STC N° 00008-2024-PI/TC) ha puesto nuevamente en debate la vigencia y legitimidad del proceso de Extinción de Dominio, figura jurídica destinada a despojar de bienes ilícitos a las organizaciones criminales. Añadió que en su fundamento 206, el TC ratifica que “poseer, detentar o utilizar bienes de origen ilícito no constituye justo título”, siempre que se aplique a delitos graves vinculados al crimen organizado, corrupción y lavado de activos.
El jurista explicó que la extinción de dominio es un proceso autónomo e independiente de la justicia penal que busca neutralizar patrimonios criminales sin necesidad de acreditar la culpabilidad de los autores, trasladando los bienes al Estado para fines sociales. Su esencia radica en complementar el sistema político-criminal: por un lado, sancionando a los responsables de los delitos y, por otro, extinguiendo el dominio sobre los activos ilícitos.
Precisó que, sin embargo, la Ley N.° 32326, que modificó el Decreto Legislativo N.° 1373, ha introducido restricciones que debilitan esta herramienta. Entre ellas, la exigencia de sentencia previa en ciertos casos, lo que afecta la autonomía del proceso y genera obstáculos frente a delitos de alta gravedad. Peña Cabrera sostuvo que tal limitación, como advierte el TC, puede traducirse en impunidad patrimonial y vulneración de principios constitucionales como legalidad, igualdad y razonabilidad.
