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“Generación Z” vuelve a las calles y exige censura de José Jerí por el caso Chifagate

La autodenominada “Generación Z” anunció una nueva movilización para este miércoles 28 de enero en el Centro de Lima, en protesta contra el presidente José Jerí Oré, a quien cuestionan por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, en el marco del denominado caso Chifagate. La protesta también exige la remoción de la Mesa Directiva del Congreso, en medio de una creciente crisis política.

El colectivo juvenil, que ganó visibilidad durante el gobierno de Dina Boluarte, volverá a marchar acompañado por un sector del gremio de transportistas, afectados por la ola de extorsiones que golpea a empresas de Lima y Callao. La movilización se da mientras en el Parlamento se han presentado siete mociones de censura y una de vacancia contra el mandatario.

A través de sus redes sociales, la organización calificó esta convocatoria como la primera gran protesta del 2026, denominada “marcha de sacrificio”, en rechazo —según señalaron— al abandono de las regiones, la indiferencia del Estado y las muertes que aún no tienen justicia. A diferencia de las protestas de fines del 2025, esta vez la convocatoria es a nivel nacional.

La jornada contará con la participación de familiares de las víctimas de las protestas sociales de diciembre de 2022 y febrero de 2023, provenientes de regiones como Juliaca, Ayacucho y Apurímac, quienes exigen justicia a más de tres años de la muerte de sus familiares. Además, demandan la reactivación del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), desactivado a inicios de enero.

Los puntos de concentración anunciados son la puerta 2 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Plaza Dos de Mayo, desde donde los manifestantes se desplazarán hacia el frontis del Congreso, en la avenida Abancay.

Frente a la convocatoria, el presidente José Jerí aseguró que el Gobierno garantizará el derecho a la protesta, pese al estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana. “Debemos permitir que las personas se expresen libremente, manteniendo el orden y la seguridad”, señaló, reiterando que no renunciará al cargo y que una dimisión implicaría admitir responsabilidades que —según afirma— no existen.

La movilización se produce en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, marcado por acusaciones de un presunto pacto político para mantenerse en el poder hasta el 28 de julio de 2026, profundizando así la percepción de una crisis institucional sin precedentes.

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