Gobierno endurece penas por resistencia a la autoridad con nuevo decreto legislativo
La norma eleva las penas de prisión por resistencia a la autoridad y restringe la suspensión de la condena para reforzar el principio de autoridad del Estado.
El Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo n.° 1696, una norma que refuerza el principio de autoridad y endurece las sanciones para quienes incurran en el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, elevando la pena privativa de libertad a un rango de cinco a ocho años.
La disposición modifica los artículos 57 y 368 del Código Penal y establece como regla general que la suspensión de la ejecución de la pena solo será aplicable cuando la condena no supere los cinco años de prisión, con el objetivo de fortalecer el efecto disuasivo de la sanción y garantizar el respeto al principio de legalidad.
No obstante, el decreto contempla un régimen excepcional, que permite suspender la pena en condenas de hasta ocho años, siempre que el sentenciado no cuente con antecedentes penales, sea menor de 25 años al momento de cometer el delito y que el juez sustente su decisión con una motivación reforzada.
Asimismo, la norma precisa que el periodo de suspensión deberá oscilar entre uno y cuatro años, y solo en situaciones excepcionales podrá ampliarse hasta siete años, cuando se aplique el supuesto especial previsto en la legislación vigente.
Con esta medida, el Ejecutivo busca fortalecer la autoridad del Estado y asegurar una respuesta penal más firme frente a conductas que afectan el ejercicio legítimo de la función pública, en el marco de las acciones orientadas al reforzamiento institucional y la seguridad ciudadana.
