La creciente ola de ataques y extorsiones contra conductores de transporte urbano ha obligado a la empresa VIPUSA a tomar medidas drásticas: instalar placas metálicas y blindaje improvisado en cerca del 70% de su flota para proteger a su personal.
Los choferes y cobradores, expuestos a amenazas directas de bandas criminales que exigen cupos y atacan con disparos, ahora trabajan protegidos con chalecos antibalas dentro de cabinas reforzadas, a fin de reducir el riesgo de impactos letales.
Dirigentes del sector destacan que estas inversiones, que oscilan entre S/1,000 y S/3,000 por unidad, no serán trasladadas al pasaje por ahora, aunque representan un gasto significativo para transportistas que operan con márgenes ya ajustados.
La falta de una respuesta estatal efectiva, aseguran los conductores, ha intensificado su sensación de vulnerabilidad. Piden mayor apoyo de la Policía Nacional del Perú ante el aumento de homicidios y acciones criminales en las rutas.
Otras empresas del transporte público también empiezan a replicar estas medidas de protección ante la persistente inseguridad, mientras la violencia y las extorsiones siguen afectando la operación cotidiana en Lima.
