Acusan de diversos delitos a Rafael Vela, Domingo Pérez y otros fiscales
Comisión del Congreso aprueba informe e incluye a Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, jueza y procuradores
En el Congreso de la República, la Comisión Investigadora del Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht aprobó por mayoría su informe final que concluye que varios fiscales, dos procuradores, un juez y un periodista habrían cometido delitos de abuso de autoridad, omisión de funciones y tráfico de influencias.
Así lo dio a conocer el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), presidente de dicho grupo de trabajo parlamentario, quien señaló que el documento fue aprobado tras un trabajo técnico y riguroso. Sostuvo que el informe recomienda acciones penales contra los siguientes personajes:
Fiscal José Domingo Pérez: por presuntos delitos de prevaricato, encubrimiento personal, encubrimiento real, omisión de actos funcionales y usurpación de funciones.
Fiscal Rafael Vela Barba: por presuntos delitos de prevaricato, encubrimiento personal y encubrimiento real.
Jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho: por presunto delito de prevaricato.
Periodista Gustavo Gorriti: por presuntos delitos de cohecho activo genérico, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
Procurador Jorge Miguel Ramírez: por presunto delito de omisión de actos funcionales.
Procuradora Silvana América Carrión: por presunto delito de omisión de actos funcionales.
Exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera: por presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho pasivo específico, omisión de actos funcionales y encubrimiento real.
Exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde: por presuntos delitos de cohecho pasivo específico y abuso de autoridad.
Ahora el informe aprobado por la Comisión Investigadora del Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht pasará al Pleno del Congreso, donde será debatido ante el país.
CON SUS ACCIONES HABRÍAN AFECTADO LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN
Según Alejandro Muñante, el informe también concluye que estas acciones habrían permitido la inserción y defensa de cláusulas consideradas ilegales en el Acuerdo de Colaboración con la constructora Odebrecht, el archivamiento de denuncias clave y la influencia indebida en decisiones internas del Ministerio Público, afectando la lucha anticorrupción.
