El Gobierno decretó el estado de emergencia por 60 días en 28 distritos de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali, con el propósito de enfrentar la criminalidad, atender situaciones de riesgo y fortalecer el control migratorio en zonas fronterizas. La medida busca reforzar la presencia del Estado en puntos considerados estratégicos.
El Decreto Supremo N.º 137-2025-PCM, publicado el 6 de diciembre, establece que la Policía Nacional asumirá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ambas instituciones estarán a cargo de definir las áreas de intervención y de elaborar los mapas delictivos necesarios para orientar las operaciones en cada jurisdicción.
Durante el periodo de emergencia se restringen temporalmente algunos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Estas medidas aplican únicamente dentro de los distritos mencionados. Además, actividades públicas masivas —religiosas, culturales, deportivas o recreativas— deberán contar con autorización previa de las autoridades correspondientes.
El Ejecutivo también dispuso la conformación de un Comité de Inteligencia, integrado por representantes de la Policía y las Fuerzas Armadas, así como un Comité de Fiscalización con miembros de entidades como el Ministerio Público, Migraciones, SUNAT, SUTRAN y los gobiernos regionales y locales. Todo el accionar de las fuerzas del orden deberá ajustarse a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a la legislación vigente sobre el uso de la fuerza.
