La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi determinó que 13 laboratorios y distribuidoras, junto con cinco de sus directivos, participaron en acuerdos ilícitos para manipular licitaciones públicas de medicamentos entre 2006 y 2020. Estas prácticas ocasionaron un incremento artificial de los precios de productos esenciales adquiridos por el Estado. Como medida correctiva adicional, se dispuso que las empresas implementen programas internos de cumplimiento para evitar futuras prácticas anticompetitivas.
En primera instancia administrativa, se impuso a las compañías una multa conjunta equivalente a más de S/ 539 millones (100,852.72 UIT). Asimismo, los ejecutivos involucrados recibieron sanciones individuales que suman más de S/ 1.4 millones. La investigación concluyó que las empresas coordinaban sus ofertas o se retiraban de los procesos de compra con el objetivo de repartirse los contratos del sector público.
El comportamiento ilícito afectó la adquisición de medicamentos destinados a hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud. Entre los productos involucrados se incluyen soluciones básicas como cloruro de sodio, antibióticos usados para tratar infecciones como la amoxicilina y la azitromicina, medicamentos antineoplásicos y antianémicos. De acuerdo con la normativa peruana, este tipo de acuerdos entre postores es considerado uno de los actos más graves contra la libre competencia, ya que deriva en un mayor gasto del presupuesto público y limita la oferta real en las licitaciones.
La investigación reveló que las empresas mantuvieron reuniones y contactos en los que se acordaba cómo distribuir los contratos. Para ocultar sus acciones, evitaron comunicaciones que pudieran delatarlas, recurriendo a mensajes codificados, alias y formas discretas de coordinación. La evidencia recopilada incluyó archivos, correos electrónicos, comunicaciones telefónicas y declaraciones que demostraron la existencia y funcionamiento del esquema colusorio durante varios años.
