Poder Judicial dictaría sentencia contra Vizcarra la próxima semana
El fiscal Germán Juárez Atoche señala que el juicio está en su recta final
La próxima semana se conocería la sentencia contra Martín Vizcarra por los sobornos que habría recibido cuando ocupaba el cargo de gobernador regional de Moquegua, informó el fiscal Germán Juárez Atoche.
Explicó que en la audiencia de hoy, que se desarrollará desde las 08:30 horas, el Ministerio Público sustentará su alegato de clausura, y luego le corresponderá el turno a la Procuraduría. La jueza Fernanda Ayasta adelantó que cada uno tendrá una hora y media para presentar su informe.
“La próxima semana le toca a la defensa del acusado Vizcarra, y una vez cumplidos todos los procesos se estaría programando la lectura de la sentencia, que podría darse la próxima semana”, apuntó.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez, acusa a Vizcarra de haber recibido 2.3 millones de soles sobornos de constructoras para los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. La Fiscalía solicitó una condena de 15 años de prisión por el delito de cohecho.
En tanto, la Procuraduría pidió más de 4.6 millones de soles como reparación civil: por Lomas de Ilo 2’071,971 de soles; y por el Hospital de Moquegua 2’600,000 de soles. El caso Vizcarra forma parte de las investigaciones del caso Lava Jato, que involucra a exautoridades y empresarios por presuntos actos de corrupción en la ejecución de megaproyectos públicos. Según la tesis fiscal, Vizcarra habría recibido S/ 2.3 millones en sobornos cuando aún era gobernador regional.
El exmandatario —actualmente inhabilitado para ejercer cargos públicos y pendiente de otras investigaciones— niega las acusaciones y sostiene que es víctima de una “persecución política”. El fiscal Rafael Vela, confía que tras las evidencias presentadas por la Fiscalía, se logre una sentencia ejemplar contra Vizcarra Cornejo.
EXPRESIDENTE TIENE 3 INHABILITACIONES
Martín tiene tres inhabilitacones para ejercer cargos públicos aprobadas por el Congreso, lo que ha impedido su participación en las elecciones generales de 2026. Una es de 10 años por el caso “Vacunagate” (2021) por haberse vacunado irregularmente contra la COVID-19 mientras era presidente.
Otra de 5 años por haber permitido que personas cercanas a él, incluyendo su exasesora, contrataran con el Estado mientras ejercía funciones públicas. Y la tercera de 1 año año por obstrucción a la fiscalización del Congreso, por negarse a entregar información y documentos requeridos durante investigaciones parlamentarias.
