El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina advirtió que las empresas de telecomunicaciones podrían enfrentar responsabilidad penal por la venta ambulatoria de chips de telefonía, modalidad que según sostiene se beneficia de intereses económicos poco claros.
Según el Ministerio Público, la comercialización en la vía pública de chips móviles sin control eficaz sobre quién los adquiere o activa facilita delitos como extorsión, fraude y suplantación de identidad. La regulación vigente busca frenar estas prácticas informales.
El fiscal señaló que, pese a las normas existentes, el negocio informal sigue vigente porque “hay intereses de por medio”, lo que podría derivar en imputaciones a los operadores o ejecutivos que toleren o permitan esta modalidad de venta.
Empresas del sector admiten que una porción significativa de sus ventas se realiza de manera ambulatoria o fuera de locales regulados, y organismos como Osiptel ya advierten que mantendrá el seguimiento y puede aplicar sanciones.
La legislación en revisión plantea sanciones penales más severas para quienes activen líneas sin verificación biométrica o vendan chips en la calle, un paso que puede marcar un antes y después en el control de este mercado.
