Durante el XIV Congreso Nacional de Jueces la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, hizo una sorprendente intervención diciendo “quiero rechazar firmemente las expresiones contra el Poder Judicial hechas en eventos o espacios públicos inclusive desde el poder político y siempre, que casualidad, sin que nos encontremos presentes para poder rebatirlos. Tales afirmaciones, es de entenderse tienen distintos móviles pueden ser intereses particulares intereses políticos partidarios o la ignorancia de problemas históricos como es la permanente insuficiencia presupuestal que a pesar de constantes reclamos nunca ha sido atendida en la medida necesaria para garantizar nuestro optimo funcionamiento. A todos aquellos que se atrevan, que osen, hablar de nosotros vengan nos lo digan en frente, no a nuestras espaldas”.
Es cierto que el Poder Judicial tiene autonomía e independencia, pero cuando una parte de sus integrantes no cumplen sus funciones suceden casos como el de Pedro Castillo y todos los responsables por el frustrado golpe de estado de 7 de diciembre de 2022. El responsable principal el que era presidente constitucional fue vacado, apresado y acusado en flagrancia del atentado contra el orden democrático y hoy casi tres años después de aquellos hechos no tiene condena. ¿Quiénes son los responsables de esta forma de administrar justicia? El conocido caso “Cócteles” que involucraba a toda la plana del partido político Fuerza Popular, tuvo como epicentro a un juez de apellido Zúñiga que de acuerdo a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente fue devuelto 19 veces al fiscal José Pérez para que aclare, corrija, encause, subsane y hasta fije bien el tipo penal contra los acusados. ¿Cómo se le puede llamar a eso? ¿una excesiva condescendencia por el debido proceso?
El último conflicto suscitado entre instituciones del Estado se ha dado entre el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones porque ahora resulta que el juez John Paredes Salas del tercer juzgado especializado en lo constitucional en un proceso de amparo pretende hacer justicia electoral ordenando al JNE a inscribir al partido político Unidad Popular cuyo representante es el ex presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez Tineo, quien no logró inscribir su partido regularmente; en otras palabras, pretenden meter por la ventana a una organización política que pareciera ser el partido de los jueces. Que chocante es apreciar a un juez de primera instancia ordenar al JNE a cumplir su cantinflesca resolución.
El 9/6/2025 la Junta Nacional de Justicia aprueba anular la destitución de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema. La Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acata lo dispuesto por la JNJ y el 11/6 solicita al Poder Judicial la suspensión de Patricia Benavides por 36 meses (al día siguiente también la denuncia constitucionalmente ante el Congreso). El 23/6 es admitido a trámite la solicitud de la Fiscalía y al día siguiente se convoca a la audiencia; para que finalmente sea emitida el 25/6 la resolución del juez Segismundo León resolviendo que se suspende a Patricia Benavides por 24 meses como Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema. Acá tenemos un proceso acelerado que recayó en un cuestionado magistrado, que como el anterior de apellido Paredes siempre resuelven controvertidamente.
La señora presidenta del Poder Judicial tal vez protegida por los aplausos de sus colegas del Congreso de Jueces, debería antes de hacer intervenciones con un tufillo amenazante, proponer las mejoras del poder del Estado que hoy preside y evitar discursos que parecen estar dirigidos en hacer causa común con todos sus colegas. El Poder Judicial se encuentra bajo la crítica de todos los ciudadanos y por lo visto necesita de una reforma, y si los recursos que se les brinda no son suficientes, habrá quienes si con un apostolado mayor puedan cumplirlo debidamente.
(*) Abogado y excongresista.
