Todos los candidatos tendrán resguardo policial
General PNP Juan Carlos Delgado anunció que les brindarán protección desde el 23 de noviembre
El general PNP Juan Carlos Delgado, jefe de la Dirección de Seguridad del Estado, anunció que todos los candidatos presidenciales inscritos para las Elecciones Generales de 2026 contarán con resguardo policial oficial a partir del 23 de diciembre de 2025. La fecha coincide con el cierre del plazo de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y marca el inicio de una estrategia integral de seguridad electoral en un contexto de creciente criminalidad.
El anuncio fue realizado durante la ceremonia por el 103.º aniversario de la Dirección de Seguridad del Estado, que contó con la presencia del presidente interino José Jerí. “Desde el 23 de diciembre asumiremos la responsabilidad de brindar protección a los diferentes candidatos presidenciales”, indicó Delgado, subrayando que la tarea requerirá una coordinación especializada debido a su magnitud y complejidad. Según el JNE, hasta la fecha se han inscrito 43 organizaciones políticas, de las cuales solo dos alianzas han sido aceptadas formalmente, reduciendo el número de postulantes presidenciales a 39. Todos ellos serán incluidos en el plan de resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que contempla medidas preventivas y operativas para garantizar su integridad durante la campaña.
Delgado precisó que la protección no se limitará a los candidatos presidenciales. A partir de julio de 2026, también se brindará resguardo a los 60 senadores que integrarán la nueva Cámara Alta del Congreso, como parte de la transición hacia un sistema bicameral que el país no tenía desde 1992.
Esta medida responde al incremento de amenazas y riesgos que enfrentan los funcionarios públicos en los últimos años. La PNP indicó que el resguardo policial estará articulado con la seguridad de los locales de votación, los desplazamientos oficiales de campaña y otras actividades públicas de los candidatos.
Con estas acciones, las autoridades buscan asegurar que los candidatos puedan desarrollar sus campañas con normalidad y que los futuros legisladores ejerzan sus funciones sin amenazas, fortaleciendo así la confianza ciudadana en el proceso democrático.
