Ministerio Público inicia proceso disciplinario contra Domingo Pérez
Autoridad Nacional de Control le atribuye errores y deficiencias en el caso “Cócteles”
Por haber incurrido en errores muy graves y deficiencias en la acusación del caso “Cócteles”, que fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC), la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público inició un procedimiento disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato.
Según la ANC, Pérez habría cometido múltiples fallas en la formulación de la acusación, la cual fue dejada sin efecto por el TC al considerar que carecía de sustento jurídico. “El hecho de que el fiscal haya requerido diecinueve subsanaciones por errores de forma y fondo evidencia que la acusación no fue razonable ni coherente, lo que afecta el derecho de defensa de los imputados”, señaló la entidad.
La ANC también sostiene que el fiscal perjudicó el desarrollo del proceso y evidenció un incumplimiento grave de sus deberes funcionales. La medida fue formalizada mediante la Resolución N.° 05-2025-ANC-MP-UPD-ADC-Lima Centro, tras una queja iniciada de oficio a raíz de una publicación periodística que daba cuenta de la nulidad del juicio oral contra Keiko Fujimori.
Según el documento, la ANC atribuye al fiscal Pérez “haber incumplido su deber funcional de perseguir el delito con razonabilidad”, lo que constituye una falta muy grave conforme al artículo 46 del Código de Ética del Ministerio Público y al artículo 50 de la Ley de la Carrera Fiscal.
El congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien respaldó la decisión, afirmó que las acusaciones de Pérez tenían un trasfondo político y carecían de sustento. Además, criticó el uso de recursos públicos en investigaciones que terminan anuladas.
Por su parte, Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, consideró que el proceso disciplinario contra Pérez responde a presuntas represalias políticas tras la sentencia del TC.
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
El último lunes, el TC dejó sin efecto todos los actos precedentes en la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del caso “Cócteles”, al considerar que se ha vulnerado el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia. Se tomó en cuenta que la Fiscalía había construido el caso con base en un tipo penal de lavado de activos incorporado años después de las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
