El Poder Judicial instaló este martes el juicio oral contra Susana Villarán y 17 coacusados, más de seis años después de que ella reconociera públicamente los aportes de las constructoras. El proceso puede derivar en una condena de hasta 29 años.
En entrevistas recientes, Villarán admitió que sus campañas recibieron aportes de Odebrecht y OAS, pero sostuvo que esos fondos no estuvieron vinculados a contratos ni actos de corrupción. Rechaza asumir responsabilidad más allá de ocultar dicho financiamiento.
Interpelada sobre los montos —que la fiscalía estima en más de 11 millones de dólares—, Villarán se negó a precisar cifras. Aseguró que eso se determinará durante el juicio oral y que no responderá con especulaciones.
Defendió su decisión con argumentos políticos: dijo que recibió fondos para sostener su gestión frente a ataques revocatorios y que Odebrecht y OAS buscaban “estabilidad jurídica” para proyectos con la Municipalidad de Lima.
El Ministerio Público acusa que esos aportes fueron contraprestación por favores ilícitos en obras como Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur, y le imputa delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, entre otros.
Ya en la audiencia de instalación, Villarán solicitó “justicia, imparcialidad y que salga la verdad”. El fiscal José Domingo Pérez espera que esa defensa que presenta públicamente se replique en el juicio, donde se busca que ella acepte los hechos atribuibles.
Tras tres horas de incidentes y formalidades, el tribunal instaló el juicio. La próxima sesión arrancará con los alegatos iniciales de la fiscalía y la procuraduría; luego continuarán las defensas. Se espera que este juicio dure entre dos y tres años.
