El “Gobierno de los jueces” o el cáncer de las democracias contemporáneas

La desfachatada actitud de la doctora Delia Espinoza al no someterse a la investigación disciplinaria dispuesta por la Junta Nacional de Justicia constituye la prueba más evidente de su desprecio absoluto al ordenamiento jurídico del país. No es novedad. Ya había cometido desacato por no cumplir con el mandato de la JNJ, reponiendo a Patricia Benavides. Y llevó su rebeldía al extremo cuando desobedeció a la Corte Suprema de la República, que ratificaba la orden de la JNJ. Incluso —ya contra las cuerdas y sin el apoyo de los fiscales supremos— ejecutó maniobras para que Benavides no participara en la Junta de Fiscales Supremos, cuando intentó desterrarla al Jurado Nacional de Elecciones.

En conclusión, no existe autoridad que merezca, más que nadie, una sanción ejemplar que la supérstite fiscal de la Nación. La ha ganado a pulso, con todos los méritos y quebrando las reglas esenciales de su alto cargo. Es irónico que, correspondiéndole “la defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho” (Art. 159.1 constitucional), mantenga la terquedad de actuar al margen y en contra de las leyes. Sin duda, su accionar arbitrario es una vergüenza para el Ministerio Público. Si los fiscales incumplen la ley y se zurran en las resoluciones de los órganos constitucionales, ¿cómo exigir a los ciudadanos el acatamiento de la legalidad?

Es muy grave; pero lo es más el contexto que ocurre. En efecto, no se trata de un acto de indisciplina más, censurable en sí. La conducta deletérea de la aún fiscal de la Nación se debe a su particular concepción de autopercibirse por encima de los poderes constituidos. Habita en ella la pérfida idea de que “interpretar la ley” y “decir derecho para casos concretos” pesa más que todas las funciones públicas. Y que los conflictos políticos se pueden “judicializar”, siendo su parecer la última palabra, la decisión final. Eso piensan Espinoza y quienes la secundan, aunque sea una aberración del Estado de derecho y la democracia política.

Lamentablemente, esta erosión del régimen democrático por parte de jueces y fiscales se ha extendido urbi et orbe. Es la enfermedad cancerígena que corroe a los cuerpos políticos por doquier. En muchos países lo llaman lawfare, es decir, el uso espurio de conceptos y procedimientos jurídicos para desatar guerras que soslayan nefastos propósitos políticos. Justamente, es lo que impulsa a los jueces de la CIDH de San José a ordenar que: 1) el Parlamento no legisle, 2) el Gobierno no promulgue la ley y 3) que el Poder Judicial no la aplique. Nada importa que ello sea una flagrante violación de la soberanía constitucional de cada país.

(*) Abogado constitucionalista.