El reciente fallo del Tribunal Constitucional que suspende todas las investigaciones contra el presidente de la República hasta el final de su mandato no es prudencia: es un blindaje total. El artículo 117 de la Constitución establece que el jefe de Estado solo puede ser acusado durante el ejercicio del cargo por delitos muy específicos, como traición a la patria o disolución inconstitucional del Congreso. Pero en ningún lugar prohíbe la investigación. Acusar no es investigar; investigar no es acusar. Al prohibir que la fiscalía siquiera indague, el TC ha dado un paso más allá del texto constitucional y ha abierto el camino a la impunidad.
La investigación temprana es la única manera de preservar pruebas, testimonios y documentos. Si se apaga la lupa hasta el 2026, muchas evidencias se perderán, los plazos prescribirán y las víctimas quedarán en silencio.
El argumento de la “gobernabilidad” no resiste el análisis. Gobernabilidad no significa impunidad. La verdadera estabilidad democrática se logra con instituciones que cumplen su rol. Investigar no derriba gobiernos; fortalece la confianza ciudadana en que nadie está por encima de la ley.
La experiencia comparada demuestra que es posible encontrar equilibrios. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal puede investigar al presidente, aunque para acusarlo se requiere autorización de dos tercios de la Cámara de Diputados. En México, tras la reforma de 2021, el presidente puede ser procesado por cualquier delito, incluida la corrupción, con la participación del Senado. En España existe un fuero especial ante el Tribunal Supremo, pero no se paraliza la justicia. Incluso en Estados Unidos se admite investigar a un presidente en funciones, y en Israel el primer ministro Netanyahu fue acusado sin que el sistema colapsara.
El fallo del TC coloca al Perú en el extremo más oscuro del espectro, alineándose solo con modelos como el francés, que suspenden todo proceso durante el mandato, pero allí la cláusula está expresamente en la Constitución. Aquí se ha creado por interpretación judicial, sin debate democrático.
La conclusión es clara: se ha instalado un blindaje total que contradice el espíritu de la Constitución y amenaza la lucha contra la corrupción. Investigar no es acusar. Impedir investigar es institucionalizar la impunidad.
(*) Presidente de Perú Acción Presidente del Consejo por La Paz
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