EE. UU. tiene recursos y tecnología para enfrentar la criminalidad

Hace pocos días, el expresidente Donald Trump ordenó el despliegue de 800 miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., y la federalización del Departamento de Policía Metropolitana, bajo el pretexto de combatir la criminalidad, pese a que las estadísticas indican que la violencia está en su nivel más bajo en tres décadas.

El efecto fue inmediato: autoridades locales denunciaron la medida como una intervención autoritaria que reduce la autonomía del Distrito, evocando estrategias de militarización aplicadas en otros contextos.

Deportaciones masivas: expansión del aparato represivo Durante su segundo mandato, Trump ha impulsado una ofensiva migratoria sin precedentes, respaldada por el polémico “One Big Beautiful Bill Act”, que destina 170 mil millones de dólares para fortalecer ICE, construir centros de detención y financiar el muro fronterizo

. Implementó mecanismos como el “expedited removal”, que permite deportaciones aceleradas con mínima revisión judicial, y revocó protecciones como TPS, DACA y el programa CHNV, afectando a más de 530 mil migrantes, urgidos a abandonar el país voluntariamente o enfrentar arresto y expulsión.

En marzo de 2025, invocó el Alien Enemies Act para deportar venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua, enviando vuelos con 137 personas, incluso desestimando órdenes judiciales.

También militarizó el Centro de Operaciones Migratorias en Guantánamo, planificando la detención de 30,000 migrantes y movilizando más de 1,100 soldados para instalar centros de reclusión.

Un patrón común: el autoritarismo como política de Estado Ambas acciones responden a una lógica de excepción y control absoluto, donde Trump instrumentaliza las fuerzas armadas para ejercer poder interno (en D.C.) y externo (en fronteras). Reflejan una visión que privilegia la coerción sobre la democracia, y la seguridad sobre los derechos.

En Washington, se normaliza el uso de la fuerza militarizada contra la población. En materia migratoria, la narrativa de “invasión” y el uso de leyes extraordinarias legitiman políticas que despojan de derechos, vulneran la separación de poderes y erosionan el debido proceso. El despliegue militar en la capital, junto a las deportaciones aceleradas y el fortalecimiento de capacidades coercitivas, configuran una deriva autoritaria que amenaza la democracia desde sus núcleos institucionales.

Si no se restablecen límites claros entre fuerza, justicia y ciudadanía, la experiencia de militarización del distrito federal podría replicarse en otras regiones del país. El desafío es reconstruir contrapesos que defiendan el orden constitucional frente a quienes lo subordinan a la voluntad ejecutiva.

Finalmente, considero que EE.UU. debería apoyar a países como Perú en la lucha contra la criminalidad, especialmente el narcotráfico, que introduce grandes cantidades de droga y afecta a miles de jóvenes.

(*) Presidente de APROSEC.

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