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JNJ abre nueva investigación a la Boluarte destaca fiscal de la Nación, Delia Espinoza

Tras denuncia por presunta violación de la intimidad presentada por exministro del Interior

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una nueva investigación preliminar contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras una denuncia presentada por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez por resunta violación a la intimidad .

Mediante una resolución, el órgano constitucional otorga un plazo de 10 días a la titular del Ministerio Público para que presente un informe por escrito con los medios probatorios que considere pertinentes. En el documento se precisa que Jaime Pedro de la Puente Parodi, miembro de la JNJ, será el encargado de conducir la investigación contra la fiscal de la Nación en este caso.

El exministro Santiváñez exige que se le imponga una sanción a Delia Espinoza por una supuesta filtración a la prensa de la disposición del Ministerio Público en la que se le pedía entregar su cuenta de iCloud y el chip de su celular, en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad.

El hoy jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial pide que se suspenda del cargo a Espinoza por haber incurrido en una infracción del reglamento disciplinario del Ministerio Público.

Esta sería la tercera investigación abierta a Delia Espinoza. En la JNJ tiene otra por presunta inconducta funcional en el ejercicio de su cargo. Se le atribuyen posibles faltas disciplinarias graves, como abuso de poder, usurpación de funciones y rehusamiento de actos funcionales.

En el Congreso de la República tiene otra investigación en curso por la fallida reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, tras una resolución emitida precisamente por la JNJ. A Delia Espinoza le acusa de resistencia o desobediencia a la autoridad, y podría enfrentar sanción política si prospera el antejuicio.

COMISIÓN PERMANENTE DIO PLAZO DE 15 DÍAS

La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar cinco denuncias constitucionales que fueron declaradas procedentes, entre ellas una contra los fiscales supremos Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena.

Se les atribuyen presuntas infracciones constitucionales y posible delito de resistencia o desobediencia a la autoridad (artículo 368 del Código Penal). Esta medida fue respaldada con 22 votos a favor y 4 en contra.

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