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“Delia Espinoza debería ser destituida del cargo”

El expresidente del TC, Ernesto Blume, afirma que la fiscal de la Nación daña la imagen del Perú ante los inversionistas, al no acatar el mandato que repone a Patricia Benavides

  • Ernesto Blume sostiene que la investigación debe comprender no solo a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, sino a todos los fiscales que coadyuvaron en un acto de rebeldía contra el sistema constitucional, al no acatar el fallo del Tribunal Constitucional.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume Fortini, afirma que decisiones como la de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de no acatar resoluciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), siembran un germen de debilitamiento del sistema constitucional y, a su juicio, esto es gravísimo. En entrevista con nuestro canal digital La Noticia Perú, afirma que amerita la destitución de la titular del Ministerio Público.

¿Qué opina sobre la investigación preliminar que inició la JNJ contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza?

Es una investigación que caía por su propio peso, dado que la fiscal de la Nación desacató abiertamente, y en forma grotesca y contumaz, un mandato de la JNJ negándose a reponer a la señora Patricia Benavides e incurriendo en una serie de infracciones no solamente de orden legal constitucional, sino también que tiene visos de infracción a la normativa penal. Por lo tanto, si la JNJ, órgano constitucional autónomo encargado de nombrar y de fiscalizar y destituir y sancionar a los fiscales y jueces, dispone una reposición, pues esto se tiene que acatar y creo que ahí hubo una situación de rebeldía, anarquía y enfrentamiento que deja mucho que desear para una institución tan importante como el Ministerio Público.

¿Podría acabar en una separación del cargo?

Pienso que debería llegar a una sanción de esa envergadura porque lo que hizo la señora del Espinoza es sumamente grave. Es decir, hay que tener en cuenta que la fiscal de la Nación es una funcionaria pública que representa a una institución de rango constitucional, que asumió el cargo jurando respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución; y es esa Constitución, precisamente, la que establece la JNJ como órgano de fiscalización y sanción de jueces y fiscales. Y, por lo tanto, cuando ese órgano anula una decisión y ordena una reposición, ese mandato no admitía ningún condicionamiento, era un mandato claro, expreso e inequívoco que debe cumplirse. Sin embargo, el país fue testigo de una serie de maniobras que tendían a dilatar y enmarañar el cumplimiento, y al final lo que se vio fue un desacato abierto que, lamentablemente, contó con el aval de los fiscales supremos. Por lo tanto, la investigación debe comprender no solo a la señora Delia Espinoza, sino a todos los fiscales que coadyuvaron en un acto de rebeldía contra el sistema constitucional. Es sumamente grave y eso no debe permitirse en el Perú, porque, imagínese que en cada institución cada titular se va a rebelar contra los mandatos legales y constitucionales, y va a pretender —bajo la bandera de la autonomía y de la independencia de la institución— que está libre de controles y de contrapesos. Se está sembrando un germen de disociación, separatismo y enfrentamiento y, en el fondo, de debilitamiento del sistema constitucional. Y esto es gravísimo.

El mensaje para afuera también es dañino…

¿Qué puede decir un inversionista que viene al Perú cuando la fiscal de la Nación, muy suelta de huesos, simplemente desacata un mandato porque no está de acuerdo o no le parece? Es decir, sembramos el desorden, la desconfianza en el inversionista y eso le hace daño al Perú, hay que sopesar todas esas consecuencias de un acto de tamaña irresponsabilidad en el cumplimiento de la función y de abdicación del rol que la Constitución asigna el Ministerio Público que no solamente es la ser titular penal de la institución pública, sino que es el defensor de la legalidad y de la sociedad de juicio. Cuando se aprobó la Constitución de 1979, el Ministerio Público nace como un filtro entre el ciudadano que denuncia y el Poder Judicial para que únicamente llegue al Poder Judicial lo que tenga contenido penal. Hoy ha olvidado ese rol de filtro y se ha convertido en una suerte de institución que dispara denuncias a diestra y siniestra, sin mayor análisis prolijo y de fondo. Es una institución que más busca el protagonismo, estar en la palestra política y en la coyuntura.

¿El atrincheramiento de Delia Espinoza, con vigilia incluida, era parte de una maniobra para ganar el tiempo necesario a que salga la decisión judicial que suspendió a Patricia Benavides?

Es evidente que hubo hechos que demuestran que se evadía el cumplimiento del mandato. Por ejemplo, esto de decir que remitan el acta la resolución firmada, cuando el mandato era expreso claro e inequívoco y venía firmado por el funcionario respectivo, ahí no había nada que pedir ni confirmar, sin embargo, se crea esa argumentación. Luego estuvo ese escenario único de salir con velas, otro hecho concreto es la resolución del juez supremo suplente que suspendió a la señora Benavides. El resultado fue que coincidentemente estos hechos permitieron que se incumpliera un manejo de la JNJ.

¿Qué nos puede decir del caso del titular de la JNJ, Gino Ríos, quien, según un informe periodístico, contaba con sentencia consentida por violencia familiar y pese a ello fue elegido?

No tengo en este momento suficientes elementos de juicio para dar una opinión definitiva. Lo que conozco a través de los medios es que se promovió entre él y su exesposa un proceso judicial para concluir con su matrimonio y al contestar la demanda que él promovió, la señora argumentó que había cierta situación de maltrato, pero esa no es una denuncia, es simplemente un argumento de defensa que se tuvo en cuenta y al final ese caso se resolvió y terminaron con la disolución. Hasta donde sé, no vi una denuncia expresa de la exesposa, y, por lo tanto, es muy forzada la figura que se pretende crear. En todo caso, si hay alguna duda, se puede investigar, pero la investigación siempre debe hacerse en el marco de la presunción de inocencia.

“HAY INTROMISIÓN POLÍTICA GROTESCA” 

Ernesto Blume sostiene que la Fiscalía puede ser usada como arma política en la campaña electoral. “Es indiscutible, mire lo que le vienen haciendo a la señora Keiko Fujimori, a partir de la tesis equivocada, se arma un escándalo. Es evidente que, por lo menos, algunos miembros del Ministerio Público están en el empeño de dirigir sus baterías contra los políticos y eso es grave. Cuando las instituciones se meten en el escenario político y, sobre todo, en elecciones de campaña política, desnaturalizamos el sentido de las cosas. A la luz de los hechos hay una intromisión política grotesca”, apuntó.

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