«Se criminaliza a la pequeña minería”

• Gladys Tapia señala que hay seudodirigentes y malos abogados que inducen a las comunidades a que no dejen trabajar a los pequeños mineros que sí tienen la voluntad de dar un contrato.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

La presidenta de la Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú (AMIP), Gladys Tapia, alza la voz para denunciar lo que considera una «criminalización errónea» de la pequeña minería y la minería artesanal en el país. En entrevista con nuestro canal digital La Noticia Perú, indicó que existe una confusión generalizada que equipara a estos sectores con la minería ilegal, una percepción que, afirma, se gestó desde normativas heredadas del gobierno de Ollanta Humala.

¿Cuál era la realidad de la pequeña minería en el Perú? Mucho se confunde la pequeña minería o minería artesanal con la minería ilegal.

Sí, lo que pasa es que, si partimos del origen de la sindicación, el título de minería ilegal a los mineros artesanales y a los pequeños productores mineros del sector de la pequeña minería es del gobierno de Ollanta Humala, que ha heredado decretos legislativos que criminalizan la actividad de la pequeña minería y la minería artesanal. En tal sentido, en el Perú existían 87,000 Reinfo registrados con un RUC y en el Ministerio de Energía y Minas en la DGPMI. Se le delegó la función a los gobiernos regionales y los gobiernos regionales nunca los reconocieron como tal; al contrario, les dieron un trato como a un informal. Y, al hacer este tratamiento de informal, también el ilegal fue el que, entre comillas, se fortaleció. Pero nosotros tenemos que partir del origen de que el Perú es un país minero. Yo no puedo criminalizar una actividad extractiva y productiva que es ancestral. Entonces, están mal las normas que también el Legislativo saca, construye; están mal porque no son acordes a la necesidad y a la realidad del ciudadano de a pie. Entonces, llamar informal no sería porque tienen un RUC. Ha entrado un proceso de formalización, pero es el proceso de formalización dentro de la lista de requisitos que piden. Primero obtengo mi RUC. Ahora, “señor, usted debe tener un contrato de explotación minera”. Entonces, el dueño de la concesión minera muchas veces no le quiere dar y muchas veces sí le quiere dar, porque también hay voluntad de los concesionarios que sí quieren dar, pero lamentablemente hay seudodirigentes, hay algunos malos abogados que inducen a las comunidades a decir que no los dejen trabajar a estos pequeños mineros que sí tienen la voluntad de dar un contrato.

Entonces, digamos que esta pequeña minería está en medio de las grandes mineras y de lo que se denomina minería ilegal.

Pero, bueno, todo sector productivo, si tú extraes o produces lo que tú quieras hacer en alguna actividad, si tú colisionas con la ley, dentro del marco legal, ya estás infringiendo y yendo a un procedimiento de delito. Entonces, ¿por qué llamarle minería ilegal? ¿Por qué irnos contra nuestra naturaleza, origen? El Perú es un país minero. No sería minería ilegal, serían delitos de la norma ambiental, que estás infringiendo la norma, contaminando, de repente, como dicen, trata de menores, otros delitos conexos, el lavado de activos y todo. Eso ya tiene un código penal y debe ser castigado por el delito cometido. Están confundiendo cómo en el Perú se deben de construir normas que sean acordes a los sectores productivos. Porque, así como les está pasando a los mineros ahora, que usted ha visto, han salido miles de mineros a la calle porque el Decreto 32213, que se sacó de manera rápida en el Congreso cuando hubo el primer paro por el populismo y todos, hasta los de la derecha votaron por este sistema inoperable que se ampliaba el REINFO para poder ver cómo mejorar la ley MAPE y ahí ya los REINFOS ingresaban a la Ley MAPE. Se apresuraron, dieron 60 días, me parece, en el Decreto 32213, que los mineros que tenían más de cuatro años ya quedaban excluidos de todo el registro del REINFO. Sin embargo, los gobiernos regionales, las direcciones de Energía y Minas, no habían pasado nada hasta la fecha. Entonces, ¿qué han hecho? El sistema del MINEM es un sistema ya virtual, un sistema digital, donde si no tiene el expediente el minero que sí lo ha presentado en la dirección regional de los GORES y ellos no lo han colgado porque no les dio la gana o porque cobraron y no sé qué hicieron con ese dinero que han cobrado tantísimo dinero a los mineros, no lo subieron al sistema; entonces, cuando entra la depuración, agarra hasta a los que han presentado el expediente. Entonces, el ministro ha fallado porque él tenía que pedir primero ese consolidado a todos los gobiernos regionales que estuvieron administrando la formalización minera.

Parte del problema son los gobiernos regionales, ¿cree usted?

Claro, ellos han sido obsoletos porque no han podido cumplir ese rol de formalización minera.

Lo real es que el REINFO tiene un plazo hasta fin de año. ¿Usted cree que va a haber puertas abiertas para la real formalización de los que están en proceso?

Hoy día, la DGFM tiene más de 25,000 expedientes que han ingresado por la mesa virtual y su sistema tampoco está muy bueno hoy día porque no deja de ingresar, no permite. Entonces nosotros, por la Asociación, estamos ayudando a todos los mineros a poder ingresar por nuestra página. Entonces, se ha dado uno de los pasos también de que se tienen que presentar los permisos de adquisición de explosivos. Son 31,000 y tantos mineros que han quedado en el proceso de formalización. La SUCAMEC tendría que contratar más profesionales para ver todos esos 31,500. Ahora, una cosa, la opinión técnica la está dando la DGFM, pero dijo el director que lo daba en dos días. Han pasado más de 20, 30 días y hasta la fecha no se está dando respuesta. Ahora, por otro lado, al pequeño minero le están pidiendo, como le piden los requisitos a la gran y mediana minería, que tiene que construir un polvorín y tiene que pagar una póliza de seguro para darle la seguridad a todo donde se va a depositar sus explosivos. Y tiene que haber una seguridad también que no sea el administrador, sino que sea uno de alguna empresa, también de alguna compañía de seguridad. Todo eso le manda un gasto, un costo de 30,000 soles, más lo que va a adquirir para llevar ese explosivo, trasladarlo.

NO TODOS SE VAN A FORMALIZAR

Gladys Tapia indicó que, a su entender, no se van a ser formalizados en su totalidad los mineros que aún no lo han logrado. “Y regreso, que debe de reformularse un otro filtro para que estos mineros que han quedado en las calles puedan formalizarse. Entonces, el ministro tiene que reconsiderar, no por el problema de sistemas, sino por el tema de filtros que han fallado”, manifestó.