Seamos sinceros. La Contraloría General de la República (CGR) no funciona. Su misión —en teoría— es “dirigir, ejecutar y supervisar con autonomía el control gubernamental a las entidades públicas, para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos”. Pero nada que ver.
¿El Sistema Nacional de Justicia? ¿Qué quieren que les diga? El Ministerio Público y el Poder Judicial, además de estar corrompidos desde la cabeza hasta los pies, están totalmente politizados e ideologizados.
El Congreso de la República no fiscaliza nada. Al contrario, la mayoría de los congresistas deberían haber sido fiscalizados y sancionados… por corruptos.
Y así podría seguir con toda la recatafila estatal: Defensoría del Pueblo, Superintendencias y Organismos Supervisores, Ministerios, Gobiernos Regionales y Municipales. El hecho es que nuestro Estado, al revés de lo que debería ser, no sirve a la ciudadanía. Más bien, se sirve de ella.
Entonces, ¿qué hacer? Pues controlar y desenmascarar al Estado… desde la ciudadanía. ¡Esa es la propuesta! Es verdad, hay algunos pocos periodistas valientes que se han comprado el pleito de fiscalizar al Estado desde la ciudadanía. Efectivamente, gracias a esos pocos periodistas valientes, salieron a la luz los ampayes de los Cuellos Blancos del Puerto, del expresidente Castillo, de la presidenta Boluarte y muchas mañoserías ministeriales, regionales y municipales.
Pero, ¿qué hay de los médicos corruptos que maltratan cruelmente a sus pacientes? ¿Los maestros violadores y extorsionadores? ¿Los policías coimeros? ¿Los inspectores municipales abusivos y chantajistas? ¿Qué hay de la corrupción y el maltrato de funcionarios públicos de nivel medio y bajo?
Esos que maltratan sistemática y permanentemente a los ciudadanos de a pie. A ese control del Estado me refiero.
Entonces, ahí va la propuesta: desarrollar un aplicativo móvil que permita calificar la atención recibida. Los criterios de evaluación serían los siguientes: (A) tiempo de espera, (B) cordialidad en el trato, (C) relevancia de los requisitos exigidos, (D) pagos requeridos y (E) eficacia de la atención.
De esa manera, tendríamos una evaluación ciudadana sistemática y masiva, que permitiría ranquear a las instituciones y funcionarios públicos según las atenciones brindadas a los ciudadanos. Publicar —por ejemplo, cada mes— el ranking de las mejores instituciones y funcionarios públicos… y de los peores. ¡Qué bueno sería!
Saber, por ejemplo, qué instituciones y funcionarios tratan dignamente a los ciudadanos, cuáles nos hacen esperar más de la cuenta, quiénes nos atienden con cordialidad y quiénes nos tratan mal, qué instituciones y funcionarios piden requisitos irrelevantes, quiénes son coimeros y cuáles son los más eficaces en atender a la ciudadanía.
¡Esa es la propuesta! Que millones de ciudadanos, mediante un aplicativo móvil, evaluemos sistemática y permanentemente al Estado. Mejor dicho, a los funcionarios estatales. Incluso, denunciar a los malos funcionarios… y premiar a los buenos, que ciertamente los hay.
Insisto: el Estado jamás va a corregir el maltrato que sus funcionarios nos brindan a los ciudadanos. La inseguridad ciudadana, el maltrato en salud y educación, la caótica situación del Sistema Nacional de Justicia, la corrupción en todo lo concerniente a obras públicas y demás, jamás mejorarán, a pesar de la existencia de instituciones fiscalizadoras.
Conclusión: dado que el Estado no se va a fiscalizar a sí mismo, la ciudadanía lo tendrá que hacer. Controlar al Estado… desde la ciudadanía. ¡Esa es la propuesta!
(*) Exgobernador regional de Ica
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