El juez de investigación preparatoria Wilson Verástegui Gálvez aceptó la nueva acusación del fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori, y los otros implicados en el caso “Cócteles”, con lo que dio inicio a la etapa de control de acusación (etapa intermedia), como fase previa al inicio del juicio oral.
El magistrado otorgó un plazo de 30 días para que las partes comprendidas en la acusación puedan presentar alguna queja o reclamo. “Una vez vencido el plazo otorgado, con o sin la absolución de los sujetos procesales, prográmese la audiencia de requerimiento mixto formulado por el Ministerio Público contra Keiko Fujimori Higuchi y otros, por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros, en agravio del Estado”, señala la resolución.
De otro lado, el Tribunal Constitucional (TC) incorporó al Ministerio Público (MP)en la demanda de habeas corpus a través de la que Keiko Fujimori busca se archive el proceso penal en su contra por los aportes a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
El TC consideró indispensable que, antes de emitir su resolución, se escuchen los argumentos de la Fiscalía, y otorgó un plazo de 10 días para que el MP presente su postura. Al respecto, el abogado procesalista Wilber Medina advirtió que la decisión del TC podría ser el anticipo de una sentencia valiente e histórica que marcaría el fin del caso “Cócteles”.
Keiko Fujimori afronta una nueva acusación. El Equipo Especial Lava Jato solicita 35 años de prisión en su contra por el delito de lavado de activos.
Además de Fujimori, han sido comprendidos en el proceso Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Mark Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera. La acusación también alcanza a Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S.A.C.
INVESTIGACIÓN DEL CASO “CÓCTELES” EMPEZÓ EN 2017
El caso “Cócteles” es una investigación iniciada en 2017 que sostiene que Keiko Fujimori y su entorno utilizaron eventos proselitistas, principalmente cenas de recaudación, como fachada para introducir en el sistema financiero aportes de procedencia ilícita. Para el Ministerio Público, los fondos provinieron de empresas, como Odebrecht, interesadas en ganar influencia política, y fueron incorporados a través de una red de falsos aportantes para camuflar su origen.
