La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), liderada por el magistrado Juan Fernández Jerí, inició “actuaciones previas” contra el fiscal José Domingo Pérez a raíz de sus recientes declaraciones ante medios de comunicación sobre los casos que implican a Susana Villarán y José Miguel Castro, quien fue gerente municipal y fue hallado muerto hace unos días en su departamento.
Según el órgano de control, conforme a la directiva vigente, solo determinados funcionarios pueden ejercer la vocería institucional, ya sea de manera centralizada, descentralizada o mediante delegación expresa. Por ello, pidió información sobre si el fiscal Pérez fue formalmente delegado para brindar declaraciones sobre los procesos vinculados a los exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
En caso de haber recibido una delegación, se requerirá precisar los datos de dicho encargo y los motivos de la excepcionalidad para esa autorización. En el supuesto contrario, el documento solicita que se informe si Pérez Gómez comunicó oportunamente al vocero descentralizado asignado acerca de las declaraciones que ofreció públicamente.
De acuerdo con la resolución emitida por la ANC, se advierte una presunta inconducta funcional por parte de Pérez, quien habló públicamente sobre un caso sensible y en investigación, sin que exista claridad sobre si contaba con autorización institucional. La directiva de “Vocería Institucional del Ministerio Público”, aprobada en noviembre de 2024, establece protocolos claros que deben cumplirse antes de ofrecer declaraciones en nombre de la institución. La medida de la ANC podría desembocar en un proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez.
DECLARÓ CASI DE INMEDIATO TRAS EXTRAÑA MUERTE
La decisión de la ANC cuando se investiga el misterioso fallecimiento de José Miguel Castro, exgerente general de la MML y exbrazo derecho de la exalcaldesa Villarán.
Castro, quien era aspirante a colaborador eficaz en la investigación, fue hallado muerto en su vivienda de Miraflores el 29 de junio. La decisión de Pérez de declarar casi inmediatamente después del suceso causó la incomodidad dentro del Ministerio Público.
