La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso declaró inadmisible la denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la resolución que emitieron para restituír a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.
El informe de calificación proponía admitir a trámite el extremo sobre la presunta infracción constitucional, por no haberse respetado los derechos adquiridos de buena fe por Delia Espinoza, quien debía entregar el cargo a Benavides con esta decisión.
Además, planteaba declarar improcedente el extremo sobre la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y avocamiento ilegal de proceso en trámite. Se les atribuía presuntos delitos de usurpación de funciones y avocamiento ilegal de procesos en trámite.
