Hace mucho tiempo el Ministerio Público (otrora reserva moral del país) ha dejado de ser la institución autónoma por la que fue fundada en 1981, con el objetivo de ser el defensor de la legalidad. Desde hace muchos años con tantas pugnas y escándalos para capturar la Fiscalía de la Nación, se ha convertido en símbolo del poder y herramienta de persecución política contra los enemigos con fines subalternos.
Excepto la época oscura que vivimos en la década de Vladimiro Montesinos, con la presencia corrupta de la ex fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, que luego de la caída del fujimorismo, terminó varios años presa en la cárcel de Santa Mónica de Chorrillos, por actos de corrupción defendiendo los latrocinios de Montesinos, luego y antes de ella hemos tenido como Fiscales de la Nación a personas de notable calidad jurídica y probidad que enorgullecían la institución. Así tuvimos a fiscales de la Nación de la calidad de Gonzalo Ortiz de Zevallos, César Elejalde, Hugo Denegri, Manuel Catacora Gonzales, Pedro Méndez Jurado, Nelly Calderón, Adelaida Bolívar, Gladys Echaiz, y José Antonio Peláez Bardales. Lamentablemente, volvimos a épocas oscuras desde que la Fiscal suprema, Zoraida Ávalos (una especie de Blanca Nélida Colán 2.0) serrucha el piso al buen Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry con la complicidad del inefable lagarto, Martín Vizcarra, y las ONG caviares.
Un grotesco espectáculo estamos viviendo hoy día con la pugna sin cuartel entre la Fiscal Suprema, Delia Espinoza (encargada de la Fiscalía de la Nación) y la ex Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, suspendida por la Junta Nacional de Justicia y luego rehabilitada por la misma institución. El flagrante desacato a la disposición de la Junta Nacional de Justicia por parte de la propia Fiscal de la Nación, de modo insólito porque ella debería ser la primera defensora de la legalidad, para luego forcejear las puertas del despacho de la Fiscalía de la Nación por las dos partes en disputa, hace pensar que hemos caído en lo más bajo a nivel institucional. Lo que piensa el ciudadano de a pie es que no tenemos justicia justa, y que el nivel de las instituciones tutelares en el Perú es paupérrimo, casi al nivel de los países bananeros. Un triste espectáculo.
El colofón de este teatro del horror, vino días después, cuando el juez Segismundo León, -capturado por el sector más vil y caviar del país, y enfrentándose a las disposiciones de la Junta Nacional de Justicia que reponían a la ex Fiscal de la Nación- expidiera una insólita y descabellada resolución suspendiendo de sus funciones por 24 meses a Patricia Benavides no solo como Fiscal de la Nación, sino también de su cargo de Fiscal Suprema. Con este fallo claramente prevaricador y arbitrario a favor de Delia Espinoza y del grupo más onegero y caviar, se da una estocada de muerte a nuestra alicaída justicia. Urge de inmediato una restructuración de nuestro sistema de justicia.
(*) Exvicepresidente del Perú.
