La reciente decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que suspende de manera inmediata a Patricia Benavides como fiscal suprema y Fiscal de la Nación, ha generado un giro en el enfrentamiento legal con la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Según especialistas en derecho y exautoridades políticas, la medida tiene efecto prioritario y deja sin sustento la resolución administrativa que ordenaba su retorno al Ministerio Público.
El penalista Carlos Caro explicó que la suspensión judicial anula la ejecución de la disposición de la JNJ, incluso si se presenta una apelación ante la Corte Suprema. A su vez, el abogado Andy Carrión indicó que la JNJ ha perdido competencia para insistir en la reposición de Benavides y que, además, la medida judicial evita el uso de la fuerza pública, previamente solicitado por la Junta.
Desde el ámbito político, el ex primer ministro Luis Solari y el ex vicepresidente del Congreso Luis Roel Alva coincidieron en que esta decisión frena temporalmente el conflicto institucional entre ambas entidades. No obstante, advirtieron que el fondo del problema es político y refleja una disputa por el control del Ministerio Público entre sectores de centro-derecha y centro-izquierda.
Luis Solari destacó que el Poder Judicial actuó considerando que el retorno de Benavides ya estaba en curso, mientras que Roel Alva subrayó que la suspensión evita que ella asuma nuevamente funciones de alto nivel en investigaciones sensibles. Ambos advirtieron que esta pugna pública entre fiscales compromete la institucionalidad del país.
Finalmente, los especialistas concluyeron que la medida se mantendrá vigente hasta que la Corte Suprema emita una resolución definitiva sobre la apelación que podría presentar la defensa de Benavides.
