La restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia es un acto que reivindica el principio de legalidad y la presunción de inocencia. Sin embargo, los sectores caviares, encabezados por la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pretenden desconocer esta decisión, negándose a reponerla en el cargo que constitucionalmente le corresponde.
La suspensión de Benavides fue producto de una campaña orquestada para apartarla del camino por haberse atrevido a investigar al poder político y judicial. Su firmeza frente a Pedro Castillo, sus acusaciones constitucionales contra ministros del régimen y su decisión de no someterse a los dictados de ONG y redes progresistas le valieron un linchamiento político y mediático.
El artículo 139.3 de la Constitución es claro: toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario mediante sentencia judicial firme. En el caso de Benavides, no existe tal sentencia. Fue suspendida sobre la base de declaraciones de un exasesor, sin pruebas concluyentes, sin debido proceso y violando su derecho a la defensa.
La Junta Nacional de Justicia ha determinado que se debe restituir a Patricia Benavides como fiscal suprema. Pretender desconocer esta resolución es desconocer la Constitución y atentar contra la institucionalidad del Ministerio Público, cuya autonomía está consagrada en el artículo 158 de la Carta Magna.
Los caviares, que ayer callaban ante la corrupción de Villarán, Humala o los aportes de Odebrecht, hoy se rasgan las vestiduras con una moral selectiva. No buscan justicia, buscan poder. Restituir plenamente a Patricia Benavides en su cargo no es un favor, sino un acto de justicia y un paso necesario para recuperar la independencia del sistema fiscal frente a intereses ideológicos y mafias enquistadas en el aparato judicial.
(*) Presidente de Perú Acción Presidente del Consejo por la Paz
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