Opinión

Se incrementa la violencia política en EE. UU. Y América Latina

Por: César Ortiz Anderson

En Los Ángeles, desde principios de junio, han estallado protestas contra las redadas migratorias llevadas a cabo por el ICE. Estas marchas, inicialmente pacíficas, se tornaron violentas cuando la policía—LAPD y agentes federales— respondió con flash-bangs, gas lacrimógeno y municiones “menos letales”. Se registraron docenas de heridos, incluidos manifestantes y, notablemente, más de 30 periodistas atacados mientras cubrían los hechos.

En uno de los casos más alarmantes, una mujer fue impactada a quemarropa con un proyectil de control de multitudes mientras caminaba cerca de su hogar, generando un reproche a nivel nacional. Estos eventos reflejan un problema creciente: el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, lo que transforma la protesta social en una situación más peligrosa para civiles, periodistas y, por extensión, el tejido democrático.

El 10 de junio, en Cali, una serie de tres atentados explosivos destrozó barrios urbanos, con víctimas civiles y policiales. El ataque se vinculó a conmemoraciones de muertos en el conflicto y evidenció la persistencia de tácticas violentas en zonas urbanas inseguras.

En Bogotá, el 7 de junio, el senador Miguel Uribe Turbay fue herido de gravedad en un evento político, un episodio que recuerda los peores momentos de la violencia electoral del pasado. Este fenómeno continúa extendiéndose en varios países de la región y Aprosec ha venido alertando sobre ello en distintos artículos publicados en 2025.

Durante junio, en Colombia, se reportaron 24 atentados coordinados en zonas como Cauca y Valle del Cauca, con explosiones, secuestros y tiroteos atribuidos a disidencias de las FARC. Al menos siete personas fallecieron, incluidos agentes y civiles.

La multiplicación y sofisticación de estos ataques sugieren un recrudecimiento del crimen organizado y la reaparición de tácticas terroristas urbanas, lo que agrava la sensación de inseguridad y la vulnerabilidad ciudadana en contextos cotidianos.

Vínculos entre violencia y seguridad preventiva

Un estudio del FMI y el BID revela una relación directa entre violencia urbana y pobreza: cada muerte violenta en la región reduce en 0.5 p.p. el PIB anual y genera un círculo persistente de criminalidad (Fuente: imf.org). Este fenómeno exige medidas preventivas que no solo respondan al acto violento, sino también a sus causas socioeconómicas.

Estrategias preventivas recomendadas

Refuerzo del control en protestas y campañas electorales, sin vulnerar derechos.

Protección efectiva de periodistas y observadores civiles, como garantes de transparencia comunicativa.

Reforzamiento de inteligencia en zonas de alto riesgo (L.A., Cali), con coordinación interinstitucional y enfoque comunitario.

Programas sociales destinados a jóvenes en riesgo, promoviendo inclusión educativa y laboral. Inversión en infraestructura de seguridad urbana, con mejoras en iluminación, cámaras y presencia policial comunitaria.

Cooperación regional para desarticular redes armadas transnacionales. Finalmente, el panorama de violencia y represión en EE.UU. y América Latina presenta nuevos desafíos: la criminalización de protestas mediante el uso excesivo de la fuerza, el resurgimiento de la violencia política en contextos electorales y el incremento de tácticas de violencia urbana extrema. En Perú, el gobierno de Dina Boluarte enfrenta la peor crisis de seguridad ciudadana en la historia reciente, sin una estrategia clara para afrontarla.

El futuro de la seguridad ciudadana dependerá de la capacidad de los gobiernos para combinar prevención comunitaria, protección de derechos y justicia efectiva.

(*) Presidente de APROSEC.

* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados

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