El abogado de la Municipalidad de Lima, Wilber Medina, cuestionó a la procuradora Silvana Carrión por no respaldar el pedido que el alcalde Rafael López Aliaga interpuso ante la Corte de Estados Unidos para evitar que la comuna pague US$ 2.8 millones a Brookfield, empresa que compró acciones de Odebrecht, en el caso contra peajes de Puente Piedra. Afirma que la procuradora hace una mala interpretación de la resolución de la justicia norteamericana y busca dejar todo en manos del equipo especial Lava Jato.
“Odebrecht vende el 58 % de sus acciones a Brookfield y como ya se le ha mutilado el cobro del peaje Lima Norte, Brookfield dice ‘me están confiscando, expropiando mi propiedad por lo tanto quiero que me paguen US$ 2.8 millones’”, detalló Medina.
En tal sentido, explicó que la comuna pidió a un juez americano que Brookfield abra sus comunicaciones para demostrar que sí conocían de los actos de corrupción de Odebrecht cuando adquirieron los activos. Sin embargo, se les respondió que ese requerimiento lo debería realizar la Procuraduría del Perú.
“Llega el documento a la municipalidad y Rafael (López Aliaga) llama a Silvana Carrión para indicarle que es la indicada de decirle al juez que hace suyo el pedido de la municipalidad. Nos han dado plazo hasta el 10 de junio. Carrión contesta el escrito en un documento de siete hojas y le dice alcalde Rafael López Aliaga ‘yo no puedo intervenir en esto porque los jueces americanos no quieren que sea yo, sino que sea el fiscal’. O sea, esta coalición, los mejores defensores de Odebrecht, el Equipo Especial Lava Jato”, apuntó. Con ello, la comuna corre el riesgo de tener que pagar a Brookfield.
“Peaje nació de un acuerdo corrupto”
Wilber Medina precisa que, ante una primera respuesta de Silvana Carrión al requerimiento de la comuna, se comunicó con la María Aurora Caruajulca Quispe, procuradora general del Estado, pero le indicó que era respetuosa de la autonomía de sus funcionarios, dejando en manos de Carrión el caso. Además, recordó que este peaje nació de un acuerdo corrupto por el que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, recibió US$ 11 millones “para entregarle esta concesión a medida del delincuente Odebrecht”.
