Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió admitir a trámite la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, exmandatario que el 7 de diciembre de 2022 intentó cerrar el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia.
Según el informe evaluado, sus acciones constituyeron una ruptura del orden democrático y una infracción directa a la Constitución, por lo que se plantea su inhabilitación política por una década.
María Acuña, presidenta de la subcomisión, precisó que se declaró improcedente incluir delitos penales como rebelión y conspiración, al no encontrarse suficientes elementos probatorios. Recordó que estos delitos ya están siendo investigados por el Ministerio Público y que el Congreso solo puede evaluar las faltas constitucionales.
La denuncia también alcanza a tres exfuncionarios del gabinete de Castillo: Betssy Chávez (PCM), Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior), por su participación en los hechos.
Con la aprobación del informe de calificación, se procederá a nombrar un congresista delegado que lleve el caso a la Comisión Permanente, paso previo a una posible inhabilitación definitiva.
