La sombra del crimen organizado se ha alargado sobre nuestra nación, amenazando la propia viabilidad de nuestra república. Los números son escalofriantes: un 27.5% de peruanos ha sido víctima de un delito en el último año, la tasa de homicidios se ha duplicado en apenas tres años, y la violencia de los actos criminales alcanza niveles alarmantes.
Las extorsiones se han convertido en una plaga que asfixia a pequeños y medianos negocios, mientras que la minería ilegal, controlada por mafias, socava los cimientos de nuestra economía formal.
Las organizaciones criminales extranjeras y transnacionales han encontrado en nuestra sociedad un terreno fértil para sus actividades ilícitas. Aprovechándose de las vulnerabilidades de las economías informales, han copado espacios, sometido a bandas locales, e introducido nuevas y aterradoras modalidades delictivas. El uso de explosivos en extorsiones y el infame “gota a gota” son solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor.
La situación es grave, pero no desesperada. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y lidere una lucha frontal contra el crimen. Se requiere un liderazgo político firme y decidido, capaz de coordinar a todas las entidades competentes en una estrategia común.
Es fundamental atacar las cadenas de valor de las economías ilegales, desarticulando las mafias que controlan el narcotráfico y la minería ilegal. La repotenciación de la Policía Nacional, la reforma del sistema de justicia penal y penitenciario, y el uso de inteligencia y tecnología son herramientas indispensables en esta guerra contra el crimen.
El futuro del Perú está en juego
El Partido Popular Cristiano (PPC), junto a Avanza País, el APRA, Fuerza Moderna, Unidad y Paz han suscrito su firma en el documento.
El documento está respaldado también por Fuerza Popular. En un esfuerzo por combatir la creciente ola de criminalidad que azota al país, se han delineado una serie de propuestas de solución que buscan atacar el problema desde sus raíces. La primera de ellas es la creación de un comando unificado, una fuerza conjunta que reúna a los principales actores en la lucha contra el crimen, desde las fuerzas del orden hasta el sistema judicial, para coordinar esfuerzos y estrategias de manera eficiente.
El segundo punto clave es el ataque a las cadenas de valor de las economías ilegales, desmantelando las redes de narcotráfico, minería ilegal y otras actividades ilícitas que alimentan el crimen organizado.
La reforma del sistema judicial y penitenciario es otra pieza fundamental. Se busca agilizar los procesos judiciales, garantizar la independencia de jueces y fiscales, y mejorar las condiciones en las cárceles para evitar que se conviertan en centros de operaciones criminales.
La repotenciación de la PNP es esencial para fortalecer la capacidad de respuesta ante el crimen. Esto implica una mayor inversión en tecnología, equipamiento y capacitación para los agentes.
El uso de inteligencia y tecnología es crucial para anticiparse. Se propone la implementación de sistemas de vigilancia, análisis de datos y otras herramientas tecnológicas para identificar patrones criminales y desarticular bandas.
Finalmente, se propone la declaratoria de emergencia para agilizar la implementación de estas medidas y destinar los recursos necesarios para combatir el crimen de manera efectiva.
(*) Comunicadora digital, filósofa, periodista colegiada, docente, empresaria, estratega, mujer política del siglo XXI.
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