El director de IDL, Gustavo Gorriti, vuelve a estar en la mira, pero esta vez no por su presunta injerencia en el Ministerio Público ni por una llamada a algún fiscal para detener una diligencia, sino por sus presuntos nexos con el tráfico de armas. Ante la denuncia periodística del investigador Gino Román, la congresista María Agüero Gutiérrez, de la bancada de Perú Libre, ha puesto bajo la lupa el caso y por ello cursó oficios a los ministerios de Defensa e Interior, además de la Contraloría General de la República, para que informen sobre contratos con International Security and Defense Systems (ISDS), una compañía con matriz en Israel y sedes en todo el mundo.
“Solicité al Mindef, Mininter y Contraloría informe sobre contratos con ISDS Ltd., propiedad de L. Gleser, socio de Gorriti, vinculada al ‘tráfico de armas’ y ‘escuadrones de la muerte’. También solicité informe sobre Septier Communication Ltd. e Israel Weapon Industries (IWI)”, señaló la legisladora en sus redes sociales. Y es que el propietario de ISDS, Leonardo Gleser, amigo de Gorriti, estaría inmerso en el tráfico de armas, según un reciente informe periodístico. La congresista Agüero sostuvo que este personaje no solo estaría ligado a este mundo, sino también a “escuadrones de la muerte”.
“Este pedido de información surge en atención a diversas denuncias periodísticas que señalan presuntas irregularidades o falta de transparencia en los procesos de adquisición de armamento equipamiento de seguridad y o contratación de servicios de asesoría o consultoría tecnológica”, señala la legisladora.
Alejandro Toledo, especialmente en la adquisición de equipamiento para las fuerzas del orden.
Vehículos blindados para PNP y FF. AA.
Entre los productos más destacados que International Security and Defense Systems (ISDS) ha vendido en Perú se encuentran vehículos blindados para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para que realicen operativos de alto riesgo, además de chalecos antibalas, cascos y equipos de protección, entre otros. Informes de la Contraloría señalan presuntas irregularidades en los procesos de adquisición, incluyendo la manipulación de términos de referencia y la falta de transparencia en las licitaciones.
