El precedente más antiguo que tenemos sobre el abuso del poder usando la justicia como un instrumento de coerción contra los enemigos políticos es lo sucedido en 1930 cuando el régimen de turno creó el Tribunal de Sanción Nacional que sirvió exclusivamente para perseguir a todos aquellos que fueron partidarios del régimen del defenestrado Augusto Bernardino Leguía.
Posterior a lo sucedido con Leguía se creó un aparato de persecución política desde el ministerio de gobierno durante el ochenio del general Manuel Odría quien contaba con su siniestro ministro Alejandro Esparza Zañartu, este era el encargado de tipificar de delincuente a todo aquel que estaba en contra de su jefe.
Terminado el régimen de Odría no aparecen aparatos represivos ubicados desde el gobierno hasta Alberto Fujimori que crea un Servicio de Inteligencia Nacional dedicado a espiar a los opositores y filmar las visitas de sus allegados con las consecuencias que las hemos visto en lo que se llamó los “vladivideos”.
Pareciera que los nuevos operadores de justicia no aprendieron la lección del pasado y cometiendo los mismos errores se creó un sistema para ajusticiar a fujimoristas cuando el gobierno de Alberto Fujimori cayó. Durante este tiempo los procuradores tuvieron un protagonismo inusitado y eran fuente de información por las filtraciones que hacían sobre los procesos que llevaban.
Después de destapado el caso Odebrecht, tuvimos el protagonismo no de los procuradores, sino de los fiscales quienes amparados en la nueva legislación sobre investigación filtraban información sensible de los procesos que llevaban para que los medios aplaudan su trabajo. Esto trajo como consecuencia un sobredimensionamiento de la figura y personalidad de los fiscales que se hicieron intocables. Lo curioso de esto es que solo ocurría esta modalidad con los llamados fiscales Lava Jato.
Hoy al hacerse público el Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre la empresa corrupta Odebrecht con los fiscales y procuradores del Perú se demuestra que los fiscales trabajaron más para la corrupción que para el Estado peruano quien le pagaba sus sueldos para recuperar lo que le habían robado.
Ante esta triste realidad encontramos lo peor, que aquellos que se suponía tenían que defender al país se coludieron contra el Estado y una muestra de eso se aprecia en los desbalances patrimoniales de los fiscales Rafael Vela Barba quien no ha demostrado de donde ha sacado el dinero para la adquisición de su mansión en la urbanización El Sol de La Molina que incluye piscina y acabados de lujo; y el proceso de investigación que se ha visto envuelto el fiscal José Pérez que no puede probar de donde ha hecho gastos por más de 131 mil soles y adquirido una camioneta cuyo valor es de $ 46 mil dólares considerando su sueldo que recibe del Estado.
Todo esto nos recuerda a los abanderados internacionales de la justicia, el juez español Baltazar Garzón acabó destituido en 2010, posteriormente se le abrió proceso por prevaricato y cohecho; y el caso del juez Sergio Fernando Moro de quien aparecieron mensajes filtrados de la investigación Lava Jato que lo mostraban coludiéndose con fiscales y compartían información. Por eso el Tribunal Supremo de Brasil dictaminó que había sido parcial en su juicio sobre el hoy presidente Lula da Silva y aquella condena del líder de izquierda brasileña fue anulada. ¿Nuestros super fiscales tendrán el mismo fin?
(*) Abogado y excongresista
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