En la Constitución de 1979 se crea dentro de la estructura del Estado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como un organismo autónomo que tiene a su cargo los procesos electorales del país. El JNE organizó con absoluta independencia las elecciones y se concentraban a su cargo todo el sistema electoral. De esta manera bajo sus disposiciones se realizaron impecables elecciones generales en 1980, 1985 y 1990 y municipales en 1980, 1983, 1986, 1989 y 1990.
Es con la Constitución de 1993 que se fragmenta la organización electoral con el propósito de consolidar a Fujimori en el poder y en el artículo 177° crea un sistema integrado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), cada uno con autonomía y manteniendo relaciones de coordinación. Ante este nuevo orden es el JNE que tiene en sus manos la justicia electoral, la ONPE organiza y desarrolla las elecciones y el RENIEC confecciona los padrones con los electores hábiles.
El actual sistema electoral ha demostrado su ineficiencia, presentando sus falencias con funcionarios de escasa idoneidad para el cargo: en la ONPE se han visto los procedimientos delictivos por las firmas falsas para inscripción de partidos; la recientemente manipulación del padrón electoral considerando como muertos a muchísimos actores políticos y hasta prófugos de la justicia y en el JNE por ejemplo lo que ocurrió con Acción Popular que siendo un partido nacional estuvo sin dirigentes durante varios años porque el Jurado no resolvía los requerimientos del partido y no cumplía su función respecto de su participación en las elecciones internas. En estas circunstancias es muchísimo más fácil constituir y fundar un nuevo partido que mantener los antiguos con militancia doctrina y cuadros políticos. Hoy un grupo de amigos puede constituir su partido y el actual sistema electoral le da las facilidades para eso, la cantidad de partidos hábiles para las elecciones de 2026 es una muestra de cómo se ha trivializado la constitución de una organización política.
La primera estocada contra la justicia electoral fue que el JNE haya funcionado sin uno de sus integrantes, y usando leguleyadas desde fuera se logró que no se elija al miembro elegido por el Colegio de Abogados de Lima.
La segunda estocada y de suma gravedad la dio el mismo JNE que permitió y avaló la inscripción del partido del señor Antauro Humala, porque según el ex presidente del JNE Salas Arenas afirmó: “No existe un partido Antauro, formalmente no está inscrito en el ROP; está inscrito un partido que se llama Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, y no tiene sigla” y sumado a esto aseguraba la ex máxima autoridad electoral del país que: “no es lo mismo que las siglas de esta denominación coincidan con el nombre del líder”. Bajo este mismo criterio es que Odebrecht logró jugosas concesiones para operar y lograr contratos en el Perú, porque el impedimento que estableció la Contraloría se encontraba en las bases del concurso, y en una opinión “jurídica” emitida por el abogado Juan Monroy estableció que la empresa no estaba impedida de contratar con el estado porque era otra diferente a la deudora, esto debido a que la diferencia entre una y otra empresa era una letra.
Ha tenido que ser el Poder Judicial por medio de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia la que ha ordenado la cancelación de la inscripción y el cierre de los locales de la organización antidemocrática que lideraba el señor Humala quien fue sentenciado por homicidio calificado al estar implicado en el asesinato cuatro policías; promotor de ejecutar a políticos y de dividir a los peruanos por su raza. ¿Quiénes son los responsables de que hayamos llegado a esto?: ¿Salas Arenas o los que lo eligieron a él y tuvieron que después enmendarle la plana?
(*) Abogado y excongresista.
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