El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible la demanda de competencia interpuesta por el gobierno contra el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El Ejecutivo cuestionaba los procesos judiciales en curso contra presidentes en ejercicio de sus funciones. El órgano debía definir bajo qué circunstancias un jefe de Estado puede ser acusado.
El TC observó que la presidenta Dina Boluarte designó al presidente del Consejo de Ministros para que interpusiera una demanda de inconstitucionalidad, pero no hubo una autorización expresa por parte de la titular del Ejecutivo para presentar una demanda competencial.
El tribunal otorgó al gobierno un plazo máximo de cinco días para corregir este error. De no hacerlo, la demanda será archivada de manera definitiva.
