Si bien el reciente caso de Sheyla Condor ha puesto de manifiesto el salvajismo al que puede llegar la violencia contra la mujer en el país, en una rápida revisión de las cifras sobre este problema, solo en el presente año, se muestra un escenario espantoso, frente al cual es urgente e impostergable adoptar acciones tanto o más efectivas de las que se vienen exigiendo ante las extorsiones y otros delitos.
Cifras espeluznantes muestra el Ministerio de la Mujer, de enero a octubre del presente año se registraron 133 casos de feminicidio, siendo muy probable que se superen los 165 sucedidos en el 2023. Lima, Cusco, Cajamarca, Huánuco e Ica son las regiones con mayor número de casos, afectando a mujeres entre 30 y 59 años.
A estas víctimas se suman un poco más de 5000 mujeres reportadas como desaparecidas en el mismo período, de las cuales el 68% de casos denunciados en octubre son de niñas y adolescentes; y el 32% de mujeres adultas.
Estos datos constituyen solo la punta visible de un iceberg mucho más profundo y tenebroso, pues ENDES (investigadora estadística más importantes que ejecuta el INEI) señala que en 2023, el 53,8% de las mujeres peruanas declararon haber sido víctimas de violencia por parte de su esposo o compañero, poniendo en manifiesto a la violencia psicológica y/o verbal (49,3%), seguida por la violencia física (27,2%) y la violencia sexual (6,5%). Estas cifras no incluyen a mujeres niñas y adolescentes, pero lo que resulta insólito es que el 45% de víctimas de violencia física señalaron no haber buscado ayuda ante la violencia sufrida.
En tal sentido, aun cuando más del 97% de la población reconoce que la violencia contra la mujer es un problema grave o muy grave que afecta al país, IPSOS en una reciente encuesta pone al descubierto una baja exigencia por la adopción de medidas más concretas que permitan proteger a las niñas y mujeres de las diversas formas de violencia.
Ello a pesar de que la confianza social hacia las instituciones a cargo de combatir esta lacra social es bastante baja: 40% en el caso del Ministerio de la Mujer, 41% en el Ministerio Público y 35% respecto de la Policía Nacional, a lo que se agrega que solo el 17% de ciudadanos señala que intervendría directamente en caso de enfrentar uno de estos casos, mientras que el 30% optaría por voltear la mirada por considerarlo un “tema personal”.
Estos datos muestran que en nuestro país persiste un ambiente social y cultural más favorable a la continuidad de estas formas de violencia. Ello va más allá de la persistencia de una cultura machista, ya que también involucra la notoria debilidad de las instituciones desde la PNP hasta el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Se requiere de una estrategia mucho más integral, multisectorial y multidimensional, donde también participe la sociedad civil organizada, a fin de evitar que nuestras madres, hermanas e hijas corran el riesgo de ser víctimas de abuso o violencia y puedan vivir una vida segura, digna y libre.
(*) Abogado y exvice Contralor de Gestión Estratégica, Integridad y Control.
