Quieren neutralizar al APRA

La apertura de la etapa preparatoria de investigación no solo es contra algunos ex directivos y congresistas, sino fundamentalmente contra el Partido Aprista Peruano, así se menciona en el punto 4 de la imputación cuyo texto es el siguiente:

“En relación a la persona jurídica de Partido Aprista Peruano, requiérase al juzgado de investigación preparatoria la incorporación al proceso penal” Para lograr esto, debe realizarse previamente una audiencia pública en la que el Partido debe ejercer su defensa basándose en argumentos jurídicos y de hecho que son fundamentales para impedir este atropello.

Antes las personas jurídicas no tenían responsabilidad de orden penal hasta la promulgación de la Ley 30424 (21/4/16) que estableció la responsabilidad administrativa de la persona jurídica por el delito de cohecho activo transnacional.

Dicha norma fue modificada por el Decreto Legislativo 1352 (7/1/17) para los casos de Lavado de Activos y otros delitos, siendo las posibles sanciones las siguientes:

a) Multa

b) Inhabilitación en la siguiente modalidad: Suspensión de sus actividades desde 6 meses a dos años.

c) Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales.

d) Clausura de sus locales temporal o definitiva. Si fuere temporal no menor de 1 año ni mayor de 5 años.

e) Disolución.

Siendo la investigación por supuestos hechos en el año 2006, mal podría aplicarse una ley promulgada 10 años después, dado que les leyes no pueden ser retroactivas (Const. 103°), pero cuando se pretende abusar no interesa que haya sido negada por el presunto receptor, ni que no era delito al momento de los supuestos hechos (Const. 24°), tampoco si hubiera prescrito la acción penal.

Confiamos que el Poder Judicial ponga las cosas en su lugar pero el objetivo de los enemigos del APRA es impedir su participación en las elecciones del 2026. Por algo la investigación, luego de haberla llevado sin éxito durante 5 años, han solicitado extenderla por 3 años más, o sea hasta el 2026, luego de 20 años de los supuestos aportes de campaña que no eran delito en dicha época. Pero como la ignorancia es atrevida y la audacia más, no me extrañaría que pretendan la clausura de nuestros locales, el decomiso de sus bienes y la Disolución del Partido Aprista Peruano.

Estos son los peligros antidemocráticos que se ciernen sobre el Partido del Pueblo. Si una vez nos excluyeron de las elecciones y anularon nuestra inscripción en forma inconstitucional como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, no nos extrañe que pretendan acabar con nosotros al ver que la población vuelve a ver al Aprismo como una alternativa democrática eficiente al gobernar.

Al grito de “A más calumnias, más Aprismo”, saldremos unidos a confrontar esta nueva agresión, con apoyo de sectores democráticos que se percatan de la patraña.

(*) Expresidente del Consejo de Ministros

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