Ante el aumento de casos de COVID-19 en el país, la Defensoría del Pueblo propone que el Gobierno central establezca la obligatoriedad de contar con un precinto que impida el cierre de las ventanas o, si el transportista lo prefiere, el retiro de las mismas, debido a la imposibilidad de que los inspectores de transporte y los efectivos de la Policía Nacional del Perú estén pendientes de todas las ventanas de cada unidad de transporte.
Como es de público conocimiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha dispuesto que las ventanas de los vehículos de transporte público urbano de pasajeros se encuentren abiertas durante la prestación del servicio. Sin embargo, esta disposición depende de la voluntad de los pasajeros sin tener en cuenta la necesidad de ventilar el vehículo.
Esta medida, aunada al menor aforo por vehículo, el uso correcto de mascarillas y protectores faciales, así como el incremento de la flota y su frecuencia, es uno de los pilares fundamentales en la prevención del COVID-19.
