La demora de la extradición de Alejandro Toledo
El 11 de enero de 2017, Alejandro Toledo fugó del Perú. Han pasado seis años y tres meses eludiendo la acción de nuestra justicia.
La primera explicación para la demora de la extradición de Toledo, se encuentra en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien intencionalmente demoró los trámites en el Ministerio de Justicia coludido con altos funcionarios de dicha entidad, al punto que incluso durante varios meses no contrató a un bufete de abogados en los Estados Unidos para representarnos en ese proceso. PPK fue ministro de Economía y luego Premier en el gobierno de Toledo justo cuando se firmaba con la corrupta Odebrecht el contrato para la construcción de la interoceánicas sur donde Toledo recibió 35 millones de dólares en coimas. Es obvio que el corrupto expresidente no podía efectuar las cosas en solitario, tuvo que recurrir al apoyo de otros ministros y funcionarios del régimen. Allí se encontraba el lobista de PPK para ayudarlo.
Habiendo reventado el escándalo en enero de 2017, la propia esposa de Toledo, Eliane Karp desde los Estados Unidos le envío una amenaza pública al entonces presidente Kuczynski: “Qué vergüenza PPK, ¡tú que tantos negocios y lobbies has hecho! No me hagas hablar, yo sé lo que hiciste la última vez. I know what you did last time”. A tal punto demoró los trámites de repatriación, que su gobierno nunca firmó los cuadernillos de extradición de Toledo. PPK renunció a la presidencia el 21 de marzo de 2018, tras ser acusado por graves delitos de corrupción. Por eso quien envía dichos cuadernillos de extradición, fue su vicepresidente, el inefable Martín Vizcarra, quien los primeros días de junio de 2018, ya en su calidad de jefe de estado aprueba en el Consejo de ministros la extradición de Alejandro Toledo, enviando a EEUU los cuadernillos traducidos al inglés a través de Cancillería.
El segundo factor de demora son los recursos dilatorios que la defensa legal de Toledo ha interpuesto ante la justicia norteamericana: apelaciones, reconsideraciones, moción de emergencia, hábeas corpus, suspensión de la ejecución de la extradición, y hasta impugnaciones contra el propio departamento de estado norteamericano, incluso alegando falsamente que su vida correría peligro en el Perú. En tercer lugar, la justicia de los Estados Unidos es hiper garantista con respecto a los derechos procesales de los acusados o extraditables.
En otros casos importantes, Estados Unidos no concedió la extradición ni del ex presidente de Ecuador, Jamil Mahuad quien sigue viviendo en Estados Unidos desde al año 2000, ni del ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, por considerar que no se cumplía con el principio de la doble incriminación.
En ambos casos se consideró que los delitos por los que se les juzgaba eran de naturaleza política. Sánchez de Lozada hasta hoy radica en Washington. El caso del expresidente Toledo, es distinto, pues se trata de graves delitos de corrupción, con alto estándar probatorio, por eso que los Estados Unidos (tanto su justicia como el Departamento de estado) ya aprobó su extradición. Se espera que en las próximas semanas venga al Perú extraditado después de su fuga hace largos seis años y cuatro meses.
(*) Ex vicepresidente de la República
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