La aprobación de la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres por parte del Congreso ha vuelto a dejar al descubierto, una vez más, el verdadero rostro del feminismo militante en el Perú: no el de la defensa de derechos, sino el de la extorsión política. La norma fue aprobada conforme a las reglas democráticas, pero su promulgación se ha convertido en el pretexto perfecto para una ofensiva ideológica que busca imponer vetos desde fuera del sistema representativo.
Las ONG feministas y de izquierda han reaccionado como saben hacerlo: gritando “retroceso histórico”, anunciando catástrofes morales y desplegando una campaña coordinada para intimidar al Ejecutivo. El pronunciamiento conjunto impulsado por organizaciones como Manuela Ramos, Flora Tristán, PROMSEX, DEMUS, Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos —amplificado obviamente por Wayka— no contiene argumentos jurídicos serios. Contiene consignas. Es propaganda política disfrazada de defensa de derechos.
No hay aquí un debate legal. No hay artículos inconstitucionales ni vulneraciones reales que justifiquen una observación presidencial. Lo que existe es una operación de presión clásica: inflar el conflicto, dramatizar el discurso y cercar al presidente con amenazas simbólicas para forzarlo a retroceder. El mensaje que estas organizaciones pretenden imponer es claro y peligrosamente antidemocrático: el Congreso puede legislar, pero solo dentro de los márgenes que ellas toleran. Si se cruza esa línea, activan la maquinaria del linchamiento mediático.
Si el presidente Jerí cede a esta presión y decide observar la ley, no estará actuando con prudencia, sino con debilidad. Y en política, la debilidad no se premia: se explota. Ceder hoy significaría enseñarles a estas ONG que el grito funciona, que la presión rinde frutos y que el Ejecutivo es maleable. El efecto sería inmediato: más exigencias, más amenazas y nuevos intentos de sometimiento en el futuro.
El costo interno sería igualmente alto. Una observación injustificada rompería la confianza con sus aliados naturales y enviaría una señal de inseguridad política. Paradójicamente, empujaría al propio Congreso a aprobar la ley por insistencia. El feminismo que hoy se presenta como víctima es, en realidad, un actor de poder acostumbrado a imponer agenda sin pasar por las urnas. Ha colonizado ministerios, currículos escolares y discursos oficiales durante años, y ahora reacciona con furia porque el Congreso le ha puesto un límite. No defienden la igualdad: defienden su monopolio ideológico.
Las Tejedoras, membrete bajo el cual se agrupan estas ONG del feminismo radical también conocidas como feminazis, no ocultan su hostilidad hacia el presidente Jerí. Sus propias expresiones públicas lo confirman. No buscan diálogo ni consensos, buscan disciplinar e imponer.
Esta es, para Jerí, una prueba de carácter. Promulgar la ley no es solo cumplir un procedimiento constitucional; es afirmar que en el Perú las leyes las decide el Congreso y no un puñado de activistas con megáfono. Observarla sería perder autoridad, liderazgo y respeto. En este pulso no hay términos medios: o gobierna el Estado, o gobiernan las ONG.
No se equivoque presidente Jerí: las que hoy le exigen su respaldo son las mismas que intentaron impedir su llegada al poder y que no dudaron en llamarlo violador como parte de una estrategia de demolición política. Si ahora cede ante ellas, no estará conciliando ni gobernando: estará alineándose con quienes siempre quisieron verlo caer.
(*) Analista político.
